El Gobierno nacional dispuso este lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y operaciones financieras de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido previo de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información contable y administrativa.
Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA. Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes.
Entre los puntos que deberán analizar figuran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y las relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
La resolución se apoya en objeciones previas de la IGJ, que sostuvo que la AFA no entregó información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la UNAFA. Además, cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, esa mudanza fue “ficticia” y la asociación sigue bajo jurisdicción de la IGJ.
El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA ya había escalado en las últimas semanas. De hecho, la entidad encabezada por Tapia rechazó públicamente la medida, la calificó como una “veeduría ilegítima”, negó irregularidades en la presentación de balances y anticipó que buscaría frenar cualquier avance por la vía judicial.
La veeduría, de todos modos, no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la AFA, pero sí abre una etapa de auditoría formal sobre uno de los núcleos más sensibles del negocio del fútbol argentino. El resultado de ese proceso podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una profundización del conflicto en sede judicial.
