Mientras los diputados de La Libertad Avanza (LLA) aseguraban a sus pares aliados y de la oposición que se encuentran trabajando en un proyecto “superador” de la prórroga de la emergencia en el sector de la discapacidad, que se debate en la Cámara baja, al mismo tiempo se conocía ayer que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo directamente elimina los puntos centrales de la normativa, incluido el mecanismo de actualización vigente de los pagos a los prestadores, que además arrastran con una deuda monumental.
Alerta en la oposición
“El Presupuesto genera un nuevo contexto, el Ejecutivo propone destruir la ley de emergencia y desmantelar el sistema de derechos. Teníamos la intención de tener un dictamen por unanimidad y esto lo vuelve todo para atrás. Lo que enviaron busca generar una destrucción del sistema nacional, es por eso que queremos manifestar el completo rechazo al capítulo 6 y le pedimos que lo retiren”, señaló el diputado Juan Marino (UxP) al iniciar este miércoles el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, que debate los diferentes proyectos opositores que proponen prorrogar la emergencia en discapacidad.
La referencia es al capítulo de la llamada “ley de leyes” que elimina el artículo 7 bis de la ley de emergencia en discapacidad (27.793), que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC. El proyecto oficial también plantea que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales”, lo que habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, lo que abre un mar de incertidumbre para las familias.
La jugada del Gobierno generó sorpresa hasta en los aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal, que advirtieron que podría tener un “costo político alto”. “Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo (PRO). Hasta las propias diputadas libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, que venían trabajando en un proyecto sobre discapacidad propio, afirmaron que “ahora habrá que ver cómo seguimos”. “Hoy nos levantamos y estaba todo incendiado”, agregó otro un legislador libertario.
Los cambios en cuestión
Los recortes a la normativa actual se concentran en el Capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, donde los artículos 36 a 41 sustituyen o derogan aspectos centrales de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, y modifican en forma permanente las leyes 13.478, que regula las pensiones no contributivas por invalidez labora; y 24.901, que crea el sistema de prestaciones básicas de atención integral a la discapacidad, que rige desde 1997.
“El nuevo texto elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria. Ahora establecen expresamente que ‘la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles’”, advirtió el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
En efecto, el corazón de la reforma apunta a desregular el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que ya “no incluirá valores universales”, según señala la propia redacción de la norma. Esto quiere decir que ya no habrá un listado con aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores que atienden a personas con discapacidad, que podrá definir los valores a discrecionalidad: sin aranceles comunes, las familias deberán negociar el precio de las terapias, tratamientos y otros servicios directamente con cada prestadora de salud. Además, cada obra social o prepaga podrá decidir qué terapias desea cubrir y cuáles no, según se desprende del proyecto en el análisis de la oposición.
También se elimina la actualización obligatoria de los aranceles establecida por la ley de manera mensual, así como también el estudio anual de costos de cada prestación, que permitía incorporar aumentos de componentes no reflejados en el IPC, que “era uno de los reclamos centrales de las federaciones de prestadores”, advirtieron desde el peronismo.
“En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, cuestionó Ferraro desde su cuenta de X. “Toda esta crueldad, mientras el sector atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y miles de familias a la deriva”, completó.
El viejo esquema de pensión por invalidez
Otro punto fundamental es que se propone volver al viejo esquema de pensión por invalidez, con lo que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no garantizará el acceso a las prestaciones. “Se elimina por ley el CUD como vía legal y directa de acceso a la pensión. Los requisitos de acceso ya no los define el Congreso: quedan totalmente librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo«, expuso Marino, quien advirtió que “es ilegal e inconstitucional meter modificaciones permanentes de leyes de fondo en una ley de Presupuesto, viola el art. 20 de la Ley de Administración Financiera. A su vez, viola el principio de progresividad y no regresividad en Derechos Humanos”.
La iniciativa oficial establece que las personas con discapacidad tampoco podrán percibir el beneficio si cuentan o acceden a un empleo registrado. “La ley vigente garantiza la compatibilidad con el empleo registrado o monotributo hasta dos salarios mínimos. El proyecto invierte la regla: cualquier empleo registrado (incluso de pocas horas) o alta tributaria extingue la pensión”, explicó Marino, quien también precisó que se “elimina la suspensión temporaria y la rehabilitación inmediata al terminar el contrato, empujando a las personas con discapacidad a la informalidad y contradiciendo el art. 27 de la Convención”.
No es la única modificación que introduce el Presupuesto 2027 a esta norma. El proyecto también deroga el artículo 8 de la ley de emergencia, que garantizaba la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones no contributivas. Otro cambio es el bloqueo al traspaso automático de beneficios preexistentes, al derogarse el art. 9º, impidiendo que quienes ya cobran una pensión pasen de oficio al nuevo esquema de protección social con todas sus garantías. El artículo 38, además, quita las restricciones que impedían financiar estos programas con recortes a otras partidas de servicios sociales, según el análisis de Marino.
Divisiones en el oficialismo
Hasta ahora, la oposición dialoguista se había mostrado abierta a seguir la estrategia oficial en la Cámara baja ante los proyectos de prórroga de la emergencia en discapacidad. El nuevo Presupuesto echó por tierra con todas las negociaciones en un santiamén, ya que los aliados habían puesto condiciones para acompañar al oficialismo, como el pago de las compensaciones de emergencia a los prestadores y el compromiso de no modificar la fórmula del nomenclador. Los dos puntos son barridos en el Presupuesto 2027.
La maniobra no tardó en tener consecuencias y derivó en una reunión a primera hora de la mañana entre LLA y el PRO. “Es lo contrario de lo que veníamos hablando”, se quejó luego el PRO, después de no encontrar explicaciones sensatas en Rodríguez Machado, responsable de gestionar el diálogo con los aliados.
“El apartado de discapacidad que se ha incluido en el proyecto de Presupuesto no viene en sintonía con el trabajo que se está realizando en los plenarios. Ahora vamos a discutir en el bloque para ver cómo seguimos”, remarcaron desde la UCR.
Hasta los propios libertarios se manifestaron sorprendidos. “Ahora vamos a volver a juntarnos. Tenemos que hablar desde cero”, admitieron con zozobra. Ocurre que, hasta última hora del martes a la noche, los diputados libertarios apostaban a que el Ministerio de Economía incluyera algún guiño en el presupuesto vinculado a las demandas de los aliados.
La propia Rodríguez Machado terminó llamando, al cierre de la reunión de comisiones, a “seguir trabajando una iniciativa superadora”. “Sumamos a todos los que quieran trabajar en materia de discapacidad a tener estándares permanentes en esa materia, a superar en conjunto estos conflictos que tenemos que algunos he escuchado hoy surgen recientemente pero que viene históricamente relegada de las políticas públicas en la Argentina”, argumentó sin muchas precisiones.
“Hace días que La Libertad Avanza opera con ‘aliados’ para bajar la emergencia en discapacidad prometiendo un proyecto propio ‘superador’. Pues apareció el proyecto. Y está en la ley de Presupuesto 2027. Es regresivo y supone la desaparición de las prestaciones universales que garantizan un piso mínimo de acceso a la atención. Personas con discapacidad y prestadores, librados a su suerte y a las ‘fuerzas’ del mercado. Cuando piensas que no pueden ser más crueles, ellos gritan ‘Hold my Beer’”, terminó resumiento el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas), quien destacó “es imprescindible que la ley de Emergencia en Discapacidad sea prorrogada. El oficialismo niega la emergencia y, en cambio, apuesta a exponer a las personas con discapacidad a más injusticias”.
La visión de Valentina Bassi
La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y activista de los derechos por personas con discapacidad, salió a defender el nomenclador porque favorece la igualdad de acceso en las prestaciones, y alertó que “es letal la desregulación del nomenclador único”.
Explicó que en el sistema actual “hay igualdad de posibilidades”, ya que “una persona que no tiene un mango tiene el mismo derecho de acceder a las terapias, o a las escuelas especiales que el que tiene una prepaga premium”.
«En la escuela especial a la que asiste mi hijo, conviven familias con obras sociales pequeñas y otras con prepagas carísimas, porque todas están obligadas a pagar lo mismo. Desregulando eso cada persona va a tener que arreglar con su obra social, tipo paritarias, el costo de los tratamientos”, explicó en declaraciones radiales, donde insistió en que “obviamente lo que va a pasar es que las personas que lo puedan pagar por fuera, particular, la van a pagar, y las que no podamos pagar porque tengamos obra social o prepaga, nos quedamos sin terapia”.
