El Senado analiza una profunda reforma del régimen que regula la propiedad de tierras rurales en Argentina. Se trata de uno de los capítulos de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa del Gobierno nacional que busca establecer nuevas reglas para la compra de campos por parte de extranjeros y reforzar los controles sobre empresas vinculadas a estados extranjeros.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que ningún Estado extranjero podrá adquirir tierras rurales en el país. La restricción también alcanza a empresas con participación estatal extranjera, salvo que obtengan una autorización expresa tanto de la provincia donde se encuentre el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.
La propuesta mantiene los derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos extranjeros, pero introduce requisitos específicos para la adquisición de inmuebles rurales, con el objetivo de proteger recursos considerados estratégicos y evitar que actores vinculados a gobiernos extranjeros concentren grandes extensiones de tierras.
Controles y autorización automática
El texto prevé que las provincias continúen ejerciendo jurisdicción sobre sus territorios, mientras que el Gobierno nacional tendrá un rol de supervisión en las operaciones que involucren compradores extranjeros.
Además, incorpora el mecanismo de «silencio administrativo», por el cual una solicitud de autorización será considerada aprobada automáticamente si no recibe respuesta oficial dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
El proyecto también busca impedir maniobras para eludir la legislación. En ese sentido, declara ilegal el uso de personas físicas o jurídicas como intermediarias para ocultar la verdadera titularidad de las tierras y esquivar las restricciones previstas. Esos casos serán considerados fraudulentos y podrán dar lugar a sanciones.
Requisitos especiales en zonas de frontera
La iniciativa incorpora condiciones adicionales para la compra de tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera. En esos casos, los interesados extranjeros deberán contar con la aprobación de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional, bajo el mismo esquema de plazos y autorización automática.
Asimismo, el proyecto aclara que no afectará derechos adquiridos con anterioridad a su eventual sanción y propone derogar diversos artículos de la Ley 26.737 y del decreto-ley 15.385/44 para reemplazarlos por un nuevo marco regulatorio.
China, en el centro del debate
Aunque el texto no menciona de manera explícita a China, el debate legislativo se desarrolla en un contexto marcado por la creciente preocupación del Gobierno por las inversiones de empresas con participación estatal extranjera, especialmente de origen chino.
La discusión cobró fuerza luego de que el gobierno de ese país estableciera directrices para que sus compañías en el exterior prioricen la legislación china por encima de las normativas locales. Para algunos sectores, esta situación refuerza la necesidad de limitar el acceso de empresas estatales extranjeras a tierras estratégicas en Argentina.
Los impulsores de la reforma sostienen que las nuevas restricciones apuntan a preservar la soberanía sobre los recursos naturales y evitar la concentración de tierras en manos de gobiernos extranjeros. En cambio, los críticos advierten que una regulación más estricta podría desalentar inversiones y afectar el desarrollo del sector agropecuario.
El Senado se prepara para una definición clave
El oficialismo buscará aprobar el próximo jueves en el Senado la iniciativa, considerada una de las prioridades de la Casa Rosada dentro de su paquete de reformas económicas y regulatorias.
La Libertad Avanza confía en reunir los votos necesarios para convertir el proyecto en ley y, para ello, mantiene negociaciones con los bloques aliados con el objetivo de asegurar el respaldo antes de la sesión convocada para el mediodía del jueves.
En paralelo, el Gobierno pretende avanzar en comisión con el tratamiento del denominado Súper RIGI, otro de los proyectos estratégicos para incentivar grandes inversiones.
En la versión que llegará al recinto se mantienen las restricciones para que los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera no puedan adquirir tierras rurales, salvo que cuenten con la autorización de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. También se conservará el requisito de una doble autorización para las compras de campos ubicados en zonas de seguridad de frontera.
Sin embargo, el texto incorpora una modificación relevante respecto del dictamen inicial: se eliminó el mecanismo de «silencio administrativo», que establecía que una operación quedaría automáticamente aprobada si las autoridades no respondían el pedido en un plazo de seis meses.
Desde el oficialismo sostienen que cuentan con los apoyos suficientes para avanzar con la sanción de la norma y remarcan que la sesión será presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel estará a cargo del Poder Ejecutivo durante esa jornada.
Además de la Ley de Propiedad Privada, el Gobierno buscará acelerar el tratamiento del Súper RIGI, un régimen destinado a atraer inversiones de al menos 1.000 millones de dólares en sectores de alto desarrollo tecnológico, como la industrialización del litio y el uranio, la producción de hidrógeno verde, baterías, vehículos eléctricos, semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología y reactores nucleares de pequeña y mediana escala.
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