El oficialismo, junto a bloques aliados y sectores de la oposición dialoguista, consiguió este miércoles dictamen de mayoría para el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que propone, entre otros puntos centrales, reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El despacho reunió 75 firmas en el plenario de comisiones y quedó habilitado para ser tratado mañana en una sesión especial convocada para las 11.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, confirmó durante el debate que el texto contaba con las adhesiones necesarias para avanzar al recinto. El respaldo provino de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta y anticiparon dictámenes propios.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo establece un régimen especial para menores, con un esquema de sanciones alternativas a la prisión y la obligación de que los jóvenes no compartan espacios de detención con adultos. Además, elimina la posibilidad de aplicar prisión perpetua y fija un tope de 15 años de cárcel.
Para delitos con penas inferiores a tres años, se excluye la prisión. En los casos con escalas de entre tres y diez años que no hayan causado muerte o lesiones graves, se priorizan medidas con enfoque social y educativo, orientadas a la resocialización.
En respuesta a reclamos de bloques dialoguistas, el dictamen incorporó una partida presupuestaria específica para la implementación del sistema: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.
Cruces y críticas
El debate en el plenario —que reunió a las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda— estuvo atravesado por fuertes cruces.
La discusión se tensó cuando el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois cuestionó que la reunión comenzara sin la presencia de todos los legisladores. En ese marco, el libertario Manuel Quintar le respondió: «Empecemos a respetar porque no está en la cancha», y le pidió que “deje de payasear”, además de acusarlo de montar “un show”.
Desde el peronismo, la diputada Victoria Tolosa Paz admitió que el régimen vigente “es vetusto” y “atrasa 100 años”, pero cuestionó con dureza la iniciativa oficial. Afirmó que el proyecto está “a la derecha de la derecha” y acusó al Gobierno de “tener una fijación con la pena y el castigo”.
La ex ministra de Desarrollo Social adelantó que su espacio presentará una alternativa propia, muy distinta al “mamarracho que propone el Poder Ejecutivo”. En ese sentido, sostuvo: “Nos queremos hacer cargo de la no punibilidad”, y explicó que la propuesta del peronismo se apoya en la “especificidad”, en la “proporcionalidad en la pena”, con “dispositivos que permitan aplicar la justicia restaurativa y la reinserción”.
Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici rechazó esas críticas al asegurar que “nadie habla de un castigos vengativo o de privar derechos”. Y agregó: “Todo lo contrario, este proyecto está adecuando los parámetros penales a la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, y también a nuestro sistema jurídico”.
Con el dictamen ya firmado, el proyecto quedará ahora a consideración del pleno de la Cámara baja, donde el oficialismo buscará convertir en ley uno de los ejes centrales de su agenda en materia de seguridad.
