El Gobierno del Reino Unido confirmó que cualquier nueva licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con la autorización del secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico. La definición se formalizó mediante una respuesta parlamentaria ante la Cámara de los Lores presentada por el funcionario Lord Wood of Anfield.
La medida centraliza las decisiones energéticas en Londres y escala la disputa diplomática y judicial que la Argentina mantiene por la soberanía de los recursos en el Atlántico Sur.
Supervisión centralizada desde Londres
La respuesta oficial del 1 de octubre precisó que, aunque el gobierno de las islas mantiene la administración regulatoria y ambiental, ninguna nueva licencia de hidrocarburos se emitirá sin el aval del secretario de Estado británico. La aclaración surgió tras una consulta del conservador Lord Moynihan, integrante de la Cámara de los Lores, dirigida al Foreign Office.
“El Gobierno del Reino Unido mantiene una postura coherente respecto al derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales. Este derecho es fundamental para su autodeterminación”, afirmó Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento. El funcionario agregó: “Cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado, quien actúa de conformidad con la legislación aplicable de las Islas Malvinas”.
El impacto sobre las medidas argentinas
Al elevar las autorizaciones al nivel del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, cargo que ocupa Ed Miliband, el Ejecutivo británico fija la autoridad final sobre las compañías petroleras. La decisión se contrapone a las acciones judiciales e impulsos administrativos promovidos por el presidente Javier Milei, quien el 3 de septiembre anunció un decreto para endurecer sanciones contra empresas no autorizadas por la Argentina y fondos para una base naval en Tierra del Fuego.
En el plano judicial, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas a las perforaciones e instalaciones submarinas. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, sostuvo Javier Milei al respecto.
El estado del proyecto Sea Lion
El yacimiento Sea Lion es el principal desarrollo petrolero en aguas del archipiélago y opera con licencias otorgadas previamente. El proyecto contempla una inversión inicial en el área septentrional con 11 pozos submarinos conectados a un buque de producción, y prevé dejar US$ 2.000 millones en regalías durante 30 años.
La operadora israelí Navitas Petroleum posee el 65% de la participación en Sea Lion, mientras que la británica Rockhopper Exploration conserva el 35% restante. Debido a que las etapas uno y dos fueron aprobadas por la administración local en diciembre de 2025 bajo permisos previos, Londres no especificó si la autoridad central intervino en la validación del esquema de producción actual, cuya extracción comercial está prevista para el primer trimestre de 2028.
Milei celebró en redes sociales la salida de Halliburton de Malvinas
