El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó hoy el debate con expositores de los proyectos que proponen la ampliación de la Corte Suprema con perspectiva de género, tras dos semanas de parálisis en la actividad legislativa del cuerpo.
El encuentro inició pasadas las 11 con las disertaciones de María Esther Cafure de Battistelli, delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), a quien le siguieron Andrés Gil Domínguez; el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, y Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Cafure de Battistelli hizo énfasis en la paridad de género en todos los órganos de la Justicia y consideró necesario discutir “la implementación de un cupo femenino en la Corte Suprema de Justicia”, al plantear que eso “refleja la persistencia de desigualdades estructurales en el sistema judicial”.
En tanto, Gil Domínguez pidió por un debate más profundo de la Corte Suprema con el objetivo de “restructurar el tribunal” y sostuvo que modificar solo su composición “no va generar una reorganización eficaz”.
“La integración de la Corte Suprema en cuanto a número y cualidades de sus miembros es un aspecto muy importante, pero debe englobarse en un debate más amplio que se vincula con la necesidad de tener una nueva ley orgánica que se dirija a restructurar el funcionamiento integral de la Corte”, expresó.
Para el reconocido constitucionalista, si el tema de la ampliación del tribunal “se trata de forma aislada, que es muy importante, será un pequeño paso, pero no va a generar una reorganización eficaz de la Corte”.
En cuanto al número, dijo que “hay una referencia histórica importante. En 1853 se estableció que el numero era de 9. En 1860 se reformó y que el numero estuviese librado a la voluntad del poder legislativa. No hay un número preciso, pero sí me parece que el numero debería ser de 9, 11 o 13 integrantes”, acotó.
A su turno, Gil Lavedra se manifestó en contra de modificar el número de integrantes de la Corte Suprema al argumentar que la Argentina “padece baja institucionalidad” y la ciudadanía no “confía” en la Justicia.
“Yo veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de miembros de la Corte Suprema y a la vez estoy plenamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho respecto al género y respecto también a la perspectiva federal”, apuntó.
Para Gil Lavedra, “la Argentina padece de una muy baja institucionalidad y respecto de la justicia. Esto tiene otro factor importantísimo que es la crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia”, dijo y afirmó que lo primero que se debería hacer “es tratar de estabilizar la institución”.
Tanto Gil Domínguez como Gil Lavedra coincidieron en que la dirigencia política debe conseguir acuerdos para encarar nuevas reformas en la Corte Suprema.
“Yo sé que no es fácil conseguir dos tercios de votos, es difícil, ahora yo los invito a reflexionar de que generalmente se piensa el consenso de reparto, de loteos, de acuerdos en ‘Vos tenés tanto, yo tanto’. Esto es común en la política. Lo que hay que tratar de bregar es por un consenso por la no objeción, que cuanto más intachable sean los candidatas/os más fácil es conseguir los acuerdos”, subrayó Gil Lavedra.
Sobre el final, Piccinini, que se centró en la cuestión de género, aseguró que “la paridad no debe entenderse como una concesión, sino como un derecho que consolida la calidad democrática”.
Además, llamó a fortalecer una “agenda de justicia con enfoque de género”, tanto en la designación de jueces como en las políticas internas de los tribunales.
La convocatoria al panel había sido motorizada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, y se trató del segundo encuentro sobre el tema.
Se espera la convocatoria a una próxima reunión informativa, y el cronograma podría extenderse hasta después del receso de julio, por lo que un eventual dictamen podría llegar entre agosto y septiembre.
Si bien hay diversos proyectos, se destacan los del senador Juan Carlos Romero, que aspira elevar al número de miembros de cinco a nueve, y el de la senadora Mónica Silva, que busca llevar la integración a nueve, mientras el kirchnerismo reflotó un proyecto para que la composición del máximo tribunal ascienda a 15.
No obstante, días atrás, el senador y titular de la bancada peronista, José Mayans, sostuvo que en el PJ estarían dispuestos a acompañar la ampliación de la Corte Suprema a siete miembros, lo que coincidiría con la iniciativa de Romero.
