La Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional continúa generando debates, aunque desde el Poder Ejecutivo destacan que los acuerdos con la CGT superan a las diferencias.
El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, expresó recientemente su crítica al proyecto durante el Consejo de Mayo y en un encuentro con el asesor presidencial Santiago Caputo. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sostuvo al término del intercambio, advirtiendo sobre la postura de la central. Sin embargo, en Balcarce 50 sostienen que su posición era “esperable” y remarcan que “hay más acuerdos porque el sindicalismo y este Gobierno tiene los mismos intereses”.
Desde el Gobierno enfatizan que el punto de convergencia clave es la lucha contra la informalidad laboral. “Nuestra visión de cuáles son las condiciones para generar mayor formalización laboral y generar empleo privado”, explicaron fuentes oficiales, resaltando que tanto la administración libertaria como los gremios coinciden en la necesidad de fortalecer el trabajo registrado.
El diálogo con la CGT se mantiene activo: el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, busca concretar un encuentro con el nuevo triunviro de la central, mientras que el asesor presidencial continúa tendiendo puentes con los referentes sindicales, manteniendo “una buena relación” informal.
En cuanto al proyecto, desde Balcarce 50 reconocen que “el diablo está en los detalles” del borrador de la modernización laboral, aún pendiente de presentación. Martínez había señalado que buscan una reforma que “atienda sin perder derechos”, un planteo que, si bien genera tensiones, no preocupa en exceso a algunos actores del Gobierno. Incluso, esperan que eventuales medidas de fuerza formen parte del proceso natural de rechazo de cara a las bases sindicales.
El presidente Javier Milei, en tanto, mantiene su intención de avanzar con un régimen de promoción laboral con sello propio: “Escuchamos a todos, pero el diseño final es nuestro”, sostuvieron desde su entorno.
El análisis de esta interacción sugiere que, más allá de las diferencias de forma y estilo, tanto la CGT como el Ejecutivo comparten un objetivo estratégico: reducir la informalidad y fortalecer la formalización laboral, un desafío central en la agenda económica y social del país.
