El Gobierno nacional estrenó este jueves el Decreto 467/2026 mediante la publicación en el Boletín Oficial de las ternas de candidatos para cubrir tribunales federales estratégicos, un mecanismo que limita de forma directa la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados. La medida puso en marcha el nuevo trámite administrativo para designar jueces, fiscales, defensores y ministros de la Corte Suprema, lo que derogó las instancias previas de control social e impugnación vigentes hasta la semana pasada.
Los cambios en el control y la reducción de la participación popular
El nuevo procedimiento elimina la instancia de participación de la sociedad civil ante el Ministerio de Justicia, una fase previa a la nominación por parte del presidente Javier Milei. La normativa derogada (decreto 588/2003) establecía un plazo de quince días para que los ciudadanos, colegios profesionales y asociaciones presentaran observaciones y objeciones sobre los postulantes.
Con las modificaciones aplicadas, la ciudadanía ya no cuenta con el acceso público a las declaraciones juradas patrimoniales de los candidatos. Asimismo, el Ejecutivo eliminó la obligación del Ministerio de solicitar a ARCA un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los ternados. La Casa Rosada argumentó que esta etapa resultaba redundante debido a que el debate se reabre cuando los pliegos ingresan al Senado de la Nación.
Por otra parte, la reforma dejó sin efecto las directivas que sugerían contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional en la postulación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Concursos claves
La primera aplicación de este trámite concentró la selección en juzgados con causas de alta sensibilidad política. Las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura corresponden a siete concursos específicos, distribuidos en los siguientes tribunales:
Dos de los seis cargos vacantes para camaristas federales en Comodoro Py.
Cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
El Juzgado Federal 1 de Corrientes, sede con competencia electoral exclusiva en dicho distrito.
El Juzgado 10 en lo Penal Económico.
El Juzgado Federal 2 de La Plata.
La actual publicación del Ministerio de Justicia se limita a enumerar los puestos, integrar las ternas y remitir a su página web institucional para consultar puntajes y currículums, completando así la totalidad de las exigencias del nuevo texto legal.
Amparo judicial y rechazo de organizaciones civiles
La reforma generó repercusiones en el ámbito judicial y social. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una acción de amparo ante la Justicia con el objetivo de frenar la aplicación del decreto gubernamental.
En paralelo, un conjunto de organizaciones no gubernamentales emitió un documento de rechazo donde calificaron la medida como un perjuicio para la calidad democrática. El texto advierte que la eliminación del filtro popular priva al Poder Ejecutivo de conocer impugnaciones graves antes de enviar los nombres al Congreso.
La declaración conjunta fue firmada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
