La Ley de Inocencia Fiscal, vigente desde febrero pasado tras su aprobación en el Congreso, otorga ventajas regulatorias para la utilización de ahorros no declarados en el circuito formal y reduce las fiscalizaciones automáticas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La normativa volvió al centro del debate público a raíz de la incorporación del vocero presidencial, Manuel Adorni, y su esposa al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias que contempla este sistema.
Beneficios para el uso de fondos
La ley vigente permite destinar dinero que se encontraba fuera del sistema financiero hacia la compra de bienes registrables, tales como inmuebles o vehículos. Estas operaciones quedan eximidas de los controles automáticos que ARCA aplicaba habitualmente sobre los niveles de consumo de las personas.
Como consecuencia de la suba en los umbrales de fiscalización, las entidades bancarias, las escribanías, las concesionarias de autos y las empresas emisoras de tarjetas de crédito dejaron de tener la obligación de reportar una gran parte de estos movimientos económicos al fisco.
El vínculo con Manuel Adorni
El marco normativo cobró notoriedad por la inclusión del portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, y de su cónyuge, Bettina Angeletti, en el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias creado por esta legislación.
Este esquema abarca a los contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y patrimonios menores a $10.000 millones, siempre que no revistan la categoría de grandes contribuyentes. Bajo esta modalidad, ARCA no evalúa la evolución patrimonial ni el consumo para calcular el tributo, sino que toma como referencia los ingresos declarados y los gastos deducibles. El cumplimiento del pago determinado por el organismo libera al aportante de revisiones futuras sobre este gravamen.
Modificaciones técnicas y penales
Desde el punto de vista operativo, la norma modificó la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario y elevó los montos mínimos requeridos para que una conducta sea tipificada como delito:
Evasión simple: El piso se incrementó de $1,5 millones a $100 millones.
Evasión agravada: El valor base pasó de $15 millones a $1.000 millones.
Facturación apócrifa: El monto para configurar delito penal subió a $100 millones.
Beneficios fiscales: Los incumplimientos pasaron a un piso de $200 millones.
Asimismo, el tiempo de prescripción de las obligaciones tributarias disminuyó de cinco a tres años. La norma sumó una vía de extinción de la acción penal: ARCA no denuncia penalmente al contribuyente si este regulariza la deuda y paga los intereses. Si la denuncia ya fue radicada, el proceso penal se extingue mediante el abono de la obligación, los intereses y un recargo del 50%.
Los nuevos cambios que busca el oficialismo
La propuesta inicial del proyecto se realizó hace un año en la Casa Rosada. La presentación estuvo a cargo de José Luis Espert, entonces candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, y de Juan Pazo, quien se desempeñaba como titular de ARCA. Ninguno de los dos continúa en funciones dentro del actual esquema de Gobierno.
En paralelo a la aplicación del régimen actual, el oficialismo promueve un nuevo proyecto en el Congreso para ampliar el alcance de la Ley de Inocencia Fiscal. El Ministerio de Economía aceptó revisar la redacción de la norma original debido a los cuestionamientos de especialistas y tributaristas sobre la existencia de grises legales.
La reforma legislativa que impulsa el Ejecutivo busca eliminar los topes de ingresos de $1.000 millones y de bienes por $10.000 millones. De implementarse esta modificación, el acceso al beneficio dependerá únicamente de la residencia fiscal de la persona y no de su nivel de facturación. Además, el proyecto fija un plazo límite hasta el 31 de diciembre de 2027 para que los contribuyentes puedan exteriorizar dinero en efectivo sin costos por el pasado.
