Tras la denuncia sobre presunto fraude en la liquidación de sueldos y viáticos por parte de personal militar y civiles de la Armada Argentina, la fuerza apartó a nueve militares que estarían involucrados.
La estafa, que asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos, implicaría la participación de 23 personas y consistía en adulterar los recibos de haberes e incluía los viáticos del personal que viajaba al exterior, en los que se liquidaban gastos falsos.
En ese marco, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, apartó de sus funciones a ocho capitanes de corbeta y un suboficial, a quienes se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
Con un comunicado de prensa, la fuerza dependiente del Ministerio de Defensa informó el jueves que «dispuso el apartamiento de sus funciones del personal militar involucrado en las actuaciones que se llevan adelante por las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes», el cual «tendrá vigencia hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado.»
Desde la Armada explican que las actuaciones se originaron a partir de una investigación interna que detectó irregularidades en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los $938 millones.
Entre los marinos apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada, ya que su esposa María del Carmen Prieto aparece entre las beneficiarias de los pagos indebidos: percibió $152,2 millones en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria, según información de La Nación.
En la denuncia iniciada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, figuran otras tres personas sin relación con la fuerza naval que también cobraron sumas de dinero. Se trata de Andrés Santana, que cobró $99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, que recibió $91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, que percibió $90,4 millones.
Finalmente, en el comunicado, la Armada Argentina menciona su «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la Institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre.»
