El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que dejará de costear los viajes diarios de recuperadores urbanos provenientes del conurbano bonaerense, una medida que afecta a más de 3.000 cartoneros pertenecientes a cooperativas que hasta ahora recibían apoyo estatal para trasladarse hasta el territorio porteño.
La decisión, que según la administración de Jorge Macri busca «reorganizar el sistema de reciclado» y “poner fin a los privilegios”, apunta principalmente a cooperativas vinculadas al dirigente social Juan Grabois, como Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur.
“El sistema que estamos desarmando se había convertido en parte del problema. Vamos hacia un esquema justo, eficiente y transparente, donde todos los recuperadores trabajen bajo las mismas reglas”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño en un comunicado.
Actualmente, el sistema de reciclado en la Ciudad involucra a más de 6.000 recuperadores urbanos, nucleados en 12 cooperativas que realizan tareas de recolección diferenciada y clasificación de materiales en los Centros Verdes. La mayoría reside en municipios del Gran Buenos Aires y se trasladaba a diario con transporte financiado por el Gobierno porteño.
Con esta medida, la Ciudad prevé un ahorro de unos $6.000 millones anuales, que se reinvertirán en obras de infraestructura en los centros de acopio y en la mejora de las rutas de recolección.
La decisión se suma a otras reformas previas en el sistema, como la eliminación de la intermediación en los pagos a los recicladores urbanos. Desde principios de este año, todos los trabajadores del sector cobran de manera directa en cuentas del Banco Ciudad, sin pasar por las cooperativas, lo que según el Gobierno permitió avanzar hacia la bancarización total del sector y mejorar el control del uso de fondos públicos.
Además, se implementó un sistema de control de asistencia mediante tecnología biométrica, que según cifras oficiales permitió detectar un 45% más de ausencias injustificadas en su primer mes de aplicación.
“El esfuerzo del Estado debe traducirse en mejoras reales, no en beneficios discrecionales. Esta transformación apunta a garantizar que cada peso invertido tenga impacto directo en la eficiencia y transparencia del sistema de reciclado”, afirmó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.
