El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita esperan que esta semana Manuel Adorni presente su declaración jurada completa. Mientras tanto, la Justicia avanza en la recopilación de información patrimonial, bancaria y vinculada a criptoactivos antes de definir si el funcionario será citado a declarar bajo la figura de indagatoria o declaración informativa.
La investigación se centra en distintos movimientos económicos y operaciones realizadas desde octubre de 2023. En ese contexto, el juzgado analiza los testimonios del contratista Matías Tabar y de José Rodríguez, relacionados con refacciones y alquileres abonados por Adorni.
Según trascendió, ambos declararon haber recibido importantes sumas de dinero en efectivo y en dólares. Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, aseguró haber cobrado 21 mil dólares por alquileres temporales en Exaltación de la Cruz. Por su parte, Tabar afirmó haber percibido 245 mil dólares sin facturación formal por trabajos realizados.
Estas declaraciones despertaron sospechas sobre posibles inconsistencias entre esos pagos y los ingresos declarados por el funcionario desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Además, la causa incluye el testimonio de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la compra de un departamento en Caballito.
Hasta el momento, Adorni fue intimado formalmente para presentar documentación respaldatoria que aún no entregó. Desde la Justicia advirtieron que la demora podría complicar su situación procesal.
En paralelo, según fuentes cercanas al Gobierno, en la Casa Rosada comenzó a crecer el malestar por el avance del expediente. Sin embargo, Milei mantiene públicamente su respaldo al funcionario y descarta pedirle la renuncia.
