La puesta en marcha de una nueva ruta marítima comercial entre Chile y las Islas Malvinas encendió alertas en el ámbito diplomático y de seguridad de la región. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, reportes de inteligencia chilenos advirtieron sobre la posibilidad de un “evento crítico” cuando el buque encargado del transporte atraviese aguas bajo jurisdicción argentina.
El proyecto, impulsado por la empresa Easter Island Naviera, prevé realizar envíos periódicos de mercadería desde Punta Arenas hacia Puerto Argentino. La iniciativa busca posicionar a la ciudad chilena como un centro estratégico de abastecimiento para las islas y competir con Montevideo, que históricamente concentró buena parte de esa conexión comercial.
La embarcación elegida es el Danstar, con una capacidad de carga de 1.389 toneladas. Entre los productos que trasladará se encuentran alimentos, materiales para la construcción, maquinaria y provisiones generales. Las estimaciones del sector ubican el mercado potencial por encima de los 20 millones de dólares anuales.
Aunque la propuesta genera expectativas económicas en la Región de Magallanes, la definición del recorrido abrió interrogantes por sus implicancias políticas y jurídicas. Las operaciones están previstas para comenzar entre noviembre y diciembre.
El paso por aguas argentinas, el punto más sensible
En una primera instancia, se evaluó que el buque navegara por el Mar de Drake para evitar posibles controversias. Sin embargo, esa alternativa fue descartada y se resolvió que la embarcación atravesará el Estrecho de Magallanes.
El tramo que genera mayor preocupación en Chile comenzará cuando el Danstar salga del estrecho y continúe su navegación por aguas de jurisdicción argentina.
De acuerdo con los informes de inteligencia citados, uno de los escenarios considerados de mayor gravedad es una eventual interceptación o captura de la nave por parte de la Prefectura Naval Argentina o de la Armada. Por el momento, esa posibilidad aparece como una hipótesis de riesgo y no como un hecho confirmado.
Para reducir las posibilidades de una escalada, se resolvió que el barco zarpe sin escolta militar chilena y que la fecha exacta de salida se mantenga bajo reserva. El Gobierno de Chile, según la información difundida, sigue de cerca el desarrollo del proyecto y anticipó que cualquier incidente durante la travesía podría derivar en gestiones diplomáticas.
Las normas que atraviesan la controversia
La situación involucra disposiciones argentinas vinculadas con la navegación hacia las Islas Malvinas. Entre ellas se encuentra el Decreto 256/2010, que establece requisitos de autorización para los buques que se dirijan a las islas desde puertos del territorio argentino o que naveguen por aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.
A su vez, la controversia se relaciona con el Decreto 457/2021, referido a las políticas de defensa en la zona austral, que ya había motivado reclamos diplomáticos por parte de Chile.
En sentido contrario, el Tratado de Paz y Amistad firmado por ambos países en 1984 contempla el compromiso argentino de garantizar la libre navegación de buques de todas las banderas hacia y desde el Estrecho de Magallanes. Ese marco se complementa con el Tratado de Límites de 1881, que reconoció la soberanía chilena sobre el estrecho y estableció el principio de libre navegación.
La coexistencia de estas normas y los distintos intereses en juego forman parte del escenario que rodea la nueva ruta comercial.
Expectativa comercial y seguimiento diplomático
Para Punta Arenas, el proyecto representa una oportunidad de ampliar su actividad logística y aumentar su participación en el abastecimiento de las Malvinas. Sin embargo, el recorrido elegido coloca a la iniciativa en un terreno delicado para la relación bilateral.
El Gobierno chileno mantiene bajo seguimiento las alternativas de la operación, mientras se espera el inicio de los viajes en los próximos meses. La atención estará puesta en las condiciones en que se realice el tránsito por aguas argentinas y en la eventual respuesta de ambos países ante cualquier inconveniente.
De este modo, una iniciativa comercial que busca abrir nuevas oportunidades para el sector naviero también quedó vinculada con cuestiones de soberanía, legislación marítima y relaciones diplomáticas en el Atlántico Sur.
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