Un nuevo escándalo asoma en el horizonte del gobierno libertario. Luego de la sorpresiva reestructuración del personal en la Quinta de Olivos, se conoció que la ex subsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez -mano derecha de Karina Milei-, tuvo un llamativo incremento en sus ahorros. Luego de casi tres años en la gestión pública, multiplicó por 98 su patrimonio personal.
Un enriquecimiento llamativo
De acuerdo a lo que se desprende de sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), la exfuncionaria ingresó a la administración pública con un patrimonio de apenas $43.000.
Dos años más tarde, en el balance de su declaración jurada correspondiente al cierre de 2025, informó activos por $4.500.000, lo que representa un salto patrimonial de casi el 9766%.
De acuerdo al desglose de su última presentación, la ex colaboradora de “El Jefe” declaró contar con $3,5 millones en dinero en efectivo, sumado a tenencias en fondos comunes de inversión (como Mercado Fondo y SBS), plataformas PSP y una caja de ahorro en dólares.
En el rubro de ingresos y gastos, consignó haber recibido $37,6 millones durante el período anual, frente a gastos personales por $36 millones.
Los despidos en Olivos
La salida de la ex subsecretaria se encuadra en la llamada “razia” que el Ejecutivo llevó a cabo en la Quinta de Olivos, donde unos 12 empleados civiles fueron apartados alegando “razones de seguridad” y sospechas de filtración de información.
Entre los cesanteados figuró el exadministrador de la residencia presidencial, Osvaldo Sosa, quien está casado con Analía Agudiez, hermana de la funcionaria desplazada, quien sería la propietaria de un negocio de servicios de catering llamado «Pancitos Caseros».
La acusación de Pagano
El escándalo escaló tras la intervención de la diputada nacional Marcela Pagano, quien reflotó una denuncia penal sobre un presunto esquema de corrupción con compras públicas de la Secretaría General de la Presidencia, que comanda Karina Milei.
Según la legisladora, licitaciones destinadas a la adquisición de toneladas de cortes de carne premium y alimentos para la Casa Rosada y la residencia de Olivos -que eran gestionadas y aprobadas por Sosa– fueron desviadas para abastecer a “Pancitos Caseros”, el emprendimiento privado de catering regenteado por el matrimonio Sosa-Agudiez.
«En principio lo que yo estoy denunciando es que hubo un desvío del 60% de los alimentos que se compraban bajo el mando de Presidencia de esta subsecretaria renunciada a raíz del escándalo, esta chica Belén Agudiez«, ratificó Pagano en Futurock, donde explicó que los alimentos tenían como destino el consumo en Casa Rosada y la Quinta de Olivos, pero se desviaban para abastecer «el catering que esta señorita tenía con su hermana«.
«Era una pyme familiar» que se financiaba con fondos público, advirtió Pagano, quien reveló escandalosos volúmenes de carne, frutas y verduras comprados para abastecer a la residencia presidencial y a la Casa de Gobierno.
Una investigación del diario Perfil había revelado en junio pasado contratos por más de 28.000 kilos de productos cárnicos y unos 84.000 kilos de frutas y verduras para abastecer durante seis meses a la Casa de Gobierno y a la Residencia Presidencial de Olivos.
“Los expedientes establecían montos máximos de aproximadamente $225 millones para carnes y $183 millones para frutas y verduras, unos $408 millones entre ambos rubros, con cargo a la Secretaría General de la Presidencia”, informó entonces el matutino.
El 28 de agosto, se conoció que la Secretaría General de la Presidencia había adjudicado en ese mes una nueva compra de 19.455 kilos de frutas y verduras y 400 bandejas de hongos (champignon y portobello) exclusivamente para la Residencia Presidencial de Olivos, por un monto de $52 millones, “por el término de seis meses y/o hasta agotar las cantidades máximas establecidas, lo que ocurra primero”.
La denuncia judicial
A partir de esos datos, Pagano presentó una denuncia y planteó ante la Justicia que los volúmenes de alimentos adquiridos debían ser investigados para determinar su destino. Además, pidió investigar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Belén Agudiez, exsubsecretaria general de la Presidencia, que fue separada del Gobierno por las repercusiones en este caso.
También a Javier Sosa, exintendente de la Quinta de Olivos; y otros funcionarios y personas vinculadas con la administración de la residencia presidencial. La presentación también incluyó a la empresa Fransro, señalada como proveedora de alimentos, que la diputada vinculó además a Bettina Angeletti, esposa de Mauel Adorni.
Pagano planteó que podrían haberse cometido los delitos de administración fraudulenta, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia también postula una posible situación de nepotismo alrededor de la administración de la Quinta, ya que Agudiez habría designado a distintos familiares en dependencias claves de la Presidencia, entre ellos a Sosa, a quien identifica como su cuñado y quien se desempeñó como intendente de la Residencia de Olivos.
A su vez, Pagano menciona a Analía Agudiez, hermana de Belén, quien habría estado a cargo de la cocina de la residencia. Según la denuncia, Analía Agudiez es pareja de Sosa y ambos estarían vinculados al emprendimiento privado de catering, que desviaba “hasta un 60%” de los alimentos comprados para abastecer su servicio de catering para eventos particulares.
«Los alimentos que la Secretaría General compra para Olivos en volúmenes incompatibles con el consumo de una residencia son exactamente los insumos de un servicio de catering para eventos; la persona que administraba la cocina donde esos alimentos ingresaban es la titular del catering; su marido es quien administraba la residencia, recibía la mercadería y certificaba su ingreso; y las dos funcionarias que coordinaban los servicios auxiliares y el control administrativo del predio figuran como personal del emprendimiento. El circuito completo -compra pública, recepción, custodia, salida y comercialización privada- estaba en manos de un mismo grupo familiar y laboral«, sostiene la denuncia de Pagano.
La presentación de la diputada electa por La Libertad Avanza, pero hoy distanciada de la gestión libertaria, quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.
El caso continúa así bajo la lupa administrativa y judicial, mientras en los pasillos de Balcarce 50 buscan cerrar filas y aplacar el impacto político que salpica al núcleo duro del entorno presidencial.
