Diputados del PRO y La Libertad Avanza (LLA) presentaron hoy un proyecto para que los legisladores, jueces e integrantes del Poder Ejecutivo nacional se realicen exámenes toxicológicos para determinar si consumen drogas, con el fin de garantizar la «integridad, idoneidad y transparencia en la función pública».
La iniciativa fue redactada por el diputado del PRO Gabriel Chumpitaz; fue firmada por los legisladores de la LLA Lorena Villaverde y Carlos Zapata, y del macrismo por Verónica Razzini, Patricia Vázquez, Sergio Capozzi, Emanuel Bianchetti y José Núñez.
«La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes, quienes las aplican y quienes las hacen cumplir», señaló Chumpitaz.
Y agregó que «esta iniciativa no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder. Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones», añadió.
El proyecto establece que esos exámenes toxicológicos deberán realizarlo funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo Nacional, del Poder Judicial de la Nación, directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas del Estado.
Esos exámenes se llevarán a cabo al asumir el cargo y anualmente, de forma «aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios», para detectar la presencia de «cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, y alucinógenos y drogas sintéticas».
Solo se permitirán algunos medicamentos que puedan tener esta droga prescriptas por un profesional de la salud.
«Los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. El resultado será remitido a la Autoridad de Aplicación, quien garantizará su resguardo y solo podrá divulgarlo en caso de resultado positivo«, establece el proyecto.
En caso que el resultado resulte positivo, el funcionario afectado puede «solicitar una contraprueba en un plazo de 48 horas» y, si la contraprueba confirma el resultado, «será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación».
En caso de que ratifique que consume estupefacientes, la continuidad del funcionario será determinada por el Poder Ejecutivo, quien deberá pedir una junta médica oficial, y la Oficina Anticorrupción, que deberá emitir un informe al Presidente.
En el Congreso se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales de cada cámara, que podrá recomendar la destitución, que debe ser aprobada por mayoría simple, con lo cual luego se iniciaría el procedimiento de juicio político o remoción, según corresponda.
En el Poder Judicial, en el caso de magistrados, se dará intervención al Consejo de la Magistratura, que podrá iniciar el proceso de remoción o sanción correspondiente.
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