El presidente Javier Milei consiguió anoche, al cierre de esta edición, la anhelada aprobación en general de la Ley Bases en el Senado gracias al desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tras una jornada dramática que incluyó fuertes cruces en la Cámara alta, además de disturbios en los alrededores del Congreso y una dura represión policial.
La propia votación de la iniciativa reflejó el clima de alta tensión que se vivió en toda la jornada, donde el Gobierno se vio obligado a negociar cambios hasta última hora para lograr la aprobación de la mega iniciativa. Cuando promediaban las 23, tras una jornada extenuante, la Cámara Alta votó en general la iniciativa con un resultado sorpresivo, pocas veces visto en la historia: la norma cosechó 36 votos a favor y 36 votos en contra. Ante el empate –que sólo se había registrado con la célebre Resolución 125 del Gobierno de Cristina Fernández en democracia-, la vicepresidenta y titular del cuerpo desempató a favor de la ley.
El presidente Milei se había visto obligado a retrasar hasta la medianoche su viaje a Italia para participar de la cumbre del G7 para permitir que Villarruel esté presente en el recinto a la hora de la votación y pueda desempatar. “La casta se resiste a las reformas porque sabe que esto va a funcionar y no vuelven más”, había aseverado el mandatario momentos antes en la Fundación Libertad, donde respaldó la cruenta represión de las manifestaciones al destacar que “en la calle se está dando la batalla entre la decadencia y la libertad”.
Lo cierto es que las fuerzas de seguridad seguían blindando anoche los alrededores del Congreso para evitar la llegada de los múltiples cacerolazos que se habían generado en los barrios porteños ante la inminencia de la votación. También, que el Gobierno se había visto obligado a aceptar números cambios a la iniciativa para conseguir el empate: no sólo redujo la lista de empresas a privatizar sino que renunció a la eliminación de la moratoria previsional y hasta aceptó cambios al régimen de inversiones Rigi al filo de la votación para evitar una derrota.
El quorum se había conseguido gracias al apoyo del radical Martín Lousteau, quien votó en contra de la norma. Durante el debate, se dieron fuertes cruces entre los senadores libertarios y opositores, que denunciaron las desprolijidades del oficialismo, con la “compra de voto” de la senadora Lucila Crexell como emblema (ver Denunciaron…). La propia Villarruel se cruzó duramente con Wado de Pedro (UxP) cuando propuso un cuarto intermedio ante la represión policial que acontecía afuera del edificio.
“Nosotros no somos cómplices, por más que nos presionen y nos exijan no vamos a ser cómplices de este proyecto que no tiene ningún artículo que beneficie al pueblo, sino que la complicará la vida a los 47.000.000 de argentinos”, aseveró Juliana Di Tullio al cerrar la intervención del bloque peronista, mientras que el radical Eduardo Vischi dijo que “la gente votó a este Gobierno y nosotros debemos darle herramientas”. “Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en el país mi voto es afirmativo”, cerró la votación Villarruel. Se trata apenas del inicio de un camino que aún le podía deparar nuevas sorpresas al oficialismo, ya que la suerte de la votación en particular era una gran incógnita.
Los cambios que aceptó el Gobierno
El Gobierno nacional estuvo negociando cambios hasta última hora para lograr la aprobación en general de la Ley Bases en el Senado. Ya al inicio de la sesión, el oficialismo anunció modificaciones al dictamen de mayoría: redujo la lista de empresas a privatizar y confirmó que resignaría el capítulo previsional que eliminaba la moratoria previsional. Así, se eliminó de la lista de empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. En la lista solo quedaron Enarsa e Intercargo; mientras que en las empresa a concesionar permanecen Aysa, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Sociedad Operadora Ferroviera (Sofse).
Otro cambio fue el de incorporar la prohibición de disolver los organismos vinculados a la cultura como también el de incorporar a la Comisión Nacional de Energía Atómica como organismo excluido de la facultad de intervención. El Gobierno también terminó cediendo en la derogación de la moratoria previsional, que se mantendrá con un plan de pagos para aquellos empleados que no pueden reunir los 30 años de aportes.
Al anochecer, además, el oficialismo informó modificaciones al régimen de inversiones Rigi, que quedaría acotado a los siguientes sectores: Minería, Energía, Tecnología, Agroforestal e Infraestrcutura. Además, establecerá la obligatoriedad a utilizar proveedores locales como mínimo “para el 20% de la totalidad del monto de inversión total, siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
Denunciaron a la senadora Lucila Crexell por sobornos
En la antesala de la votación de la Ley Bases en el Senado, la senadora Lucila Crexell, que había quedado involucrada en una polémica por las negociaciones para ser designada embajadora en la Unesco como posible moneda de cambio para votar el proyecto oficialista, fue denunciada en la Justicia Federal por el delito de “soborno”. La denuncia fue presentada por el abogado penalista Federico Paruolo, y le tocó al juzgado federal seis, que subroga el Ariel Lijo, postulado por el Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia. En esa misma línea, el senador nacional de Unión por la Patria (UxP), Carlos Linares, denunció ayer que el Gobierno está “comprando votos en el Senado”. A su vez, advirtió: “Somos todos cómplices de lo que está pasando en este momento en el Senado. Es gravísimo lo que está pasando”.
