El senador nacional Luis Juez presentó una denuncia ante la Justicia federal acusando a funcionarios municipales y empresarios de la compañía de transporte ERSA por presuntos manejos irregulares de subsidios al transporte durante la gestión de Martín Llaryora como intendente de Córdoba.
En su denuncia, Juez señala que la empresa Ersa cobró subsidios por un servicio que no prestó, defraudando al Estado Nacional a través de un “acuerdo de colaboración” con Tamse. La denuncia incluye un acuerdo entre ambas empresas que permitía a Tamse ejecutar el servicio de algunas líneas municipales, sin transferir el contrato de explotación de Ersa.
La denuncia de Juez fue derivada al fuero Anticorrupción de la provincia de Córdoba por el fiscal federal Enrique Senestrari, quien consideró que la investigación no corresponde al ámbito federal al involucrar a funcionarios provinciales. Juez ha cuestionado la competencia del fuero Anticorrupción, afirmando que es un mecanismo para evitar que los políticos rindan cuentas.
El senador también ha ampliado la denuncia ante el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, enfocándose en un presunto negocio financiero con los fondos enviados por la Nación a la Municipalidad para el transporte, involucrando a la empresa privada Ersa. Juez sospecha que el dinero destinado a Tamse fue utilizado de forma indebida por Ersa, generando ganancias financieras injustificadas.
Este no es el primer entredicho entre Juez y Senestrari, ya que en el pasado se han enfrentado por denuncias relacionadas con el manejo de subsidios en el transporte de Córdoba. En 2007, Senestrari denunció a funcionarios de la gestión de Juez por intento de estafa al Estado Nacional, acusándolos de enviar declaraciones juradas falsas para justificar los subsidios a la empresa Tamse. Posteriormente, en el 2014, Juez denunció al entonces intendente Ramón Mestre por presuntos desmanejos en los subsidios destinados al transporte urbano.
Estas denuncias han generado tensiones entre Juez, el fiscal Senestrari y diversos actores políticos de la provincia de Córdoba. La derivación de la investigación al fuero Anticorrupción provincial ha suscitado críticas por la falta de avances en causas previas y por la supuesta falta de independencia del mencionado fuero. El escenario legal parece complejizarse en medio de acusaciones de corrupción, malversación de fondos públicos y disputas judiciales.
