Mediante un tratamiento exprés en comisiones y pese al rechazo de gran parte del arco político opositor y hasta de los referentes de las iglesias católica y evangélica, el oficialismo de Hacemos por Córdoba y los cinco legisladores aliados de la coalición Juntos por el Cambio aprobaron ayer, durante la última sesión ordinaria del año en la Unicameral provincial, el controvertido proyecto de ley que regula el juego online.

En un debate extenso y por momentos tenso, desde la bancada oficialista defendieron la sanción de la norma, que incluyó una serie de modificaciones a la propuesta original presentada hace un mes por el radical de JxC, Orlando Arduh. Precisamente, su compañera de bloque, Silvia Paleo (Pro), hizo una descripción de los cambios: con 10 licenciatarias, partidas destinadas a programas sociales, límites a jugadores y un menor porcentaje de UTE, entre otros puntos. Cabe aclarar que dentro de HPC, dos de sus integrantes votaron en contra de la nueva normativa. Se trató de Mariana Caserio y Miguel Maldonado.

Por su parte, los parlamentarios de las bancadas opositoras plantearon duras críticas por el contexto en que se dio la discusión y por la falta de estudio que se le dedicó al tema. Asimismo, hicieron hincapié en distintos aspectos por los que consideraron inoportuna la aprobación de la mencionada iniciativa, como así también por la afectación que tendrán las apuestas virtuales sobre las familias y la pobreza, la adicción que genera y la falta de indicadores.

Sobre el particular, el presidente del bloque Juntos UCR, Marcelo Cossar, objetó en su exposición en el recinto que se haya sancionado la ley de juego online “sin que ningún funcionario del gobierno de Córdoba, ni ningún legislador de HPC haya dicho algo. Si ‘es tan bueno´ el proyecto, ¿por qué no ponen la cara y lo defienden? Saben que mienten, saben que nos están engañando”. “A (el proyecto de) Ficha Limpia la piden 400.000 ciudadanos y no quieren tratarla hace 2 años. A la legalización de las apuestas la pidieron 5 personas y en un par de días la tratan y la aprueban. Es una vergüenza, una canallada”, arremetió Cossar.

A su turno, Daniela Gudiño, legisladora de JxC, dijo que “el objetivo de este proyecto es satisfacer el negocio de unos pocos sin medir las consecuencias sociales que tiene”. “El Gobierno está preocupado por obtener fondos que le permitan atender distintas circunstancias del quehacer oficial. El problema es cuando se recurre a cualquier medio o instrumento para ello”, agregó.

Mientras tanto, la legisladora del Frente de Izquierda, Noelia Agüero, sostuvo que “este tipo de acciones tiene un terrible impacto en los sectores más humildes y con mayor vulneración de derechos de nuestra sociedad, ya que en su desesperación apelan al juego ‘tratando de salvarse con un golpe de suerte´. Sin embargo, lo único que consiguen es acrecentar su pobreza y aumenta así, además, el flagelo de la ludopatía”. Luego, María Rosa Marcone, del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, afirmó: “El juego online permite el lavado de dinero. Por eso no es un tema que se puede despachar en 20 días en el mes de diciembre”.
Los puntos centrales de la nueva normativa

Entre los puntos principales, el despacho de comisión acordado, por mayoría, por legisladores de Juntos por el Cambio y el bloque Hacemos por Córdoba, que finalmente se aprobó ayer en el recinto de la Unicameral, fijó que estarán impedidos de las apuestas virtuales: los menores de edad, los deudores alimentarios, los propietarios de las licencias de juego, además de los deportivos relacionados con la actividad que se apuesta. Esto último debido a que gran parte de estas páginas web, que hoy existen, están direccionadas a juegos de póquer y de partidos deportivos.

También se estableció que no podrán acceder a estos sitios jueces o árbitros vinculados a las partidas, y personas de la Lotería de Córdoba, que será la autoridad de aplicación.

Otro de los puntos incorporados fue la prohibición para jugar de una persona que sea beneficiaria de “planes o programas de ayuda social, financiados por organismos pertenecientes al Estado nacional, provincial o municipal”.

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Cuántos licenciatarios habrá

En cuanto a los licenciatarios, se resolvió que sean personas humanas o jurídicas, así como entidades públicas o privadas. Y se aclaró que, en caso de personas jurídicas extranjeras, deberán constituirse como Unión Transitoria (UT) con otra firma nacional, mientras esta última tendrá que poseer una participación social no inferior al 15 por ciento. Este ítem apunta a que el juego online se trata principalmente de un mercado de capitales extranjeros, con empresas nacionales asociadas. Tal es el caso de Buenos Aires, con uniones de empresas.

Sobre este artículo se fijó, además, que deberá darse una licitación nacional e internacional, con un máximo de 10 licencias, aunque se detalló que ese número podrá ser mayor, cuestión que se dejará en manos de la Lotería de Córdoba. Con la salvedad de que cada licenciataria no podrá tener más de una concesión. Originalmente, la propuesta permitía cinco concesiones.

Plazo de explotación

El plazo de la explotación del juego online establecido fue de 15 años, cinco menos que el proyecto inicial. También se estableció que las empresas que realicen las prestaciones de las apuestas virtuales deberán aportar software, equipos, sistemas y terminales e instrumentos necesarios para el desarrollo de estas actividades, aunque previamente tendrán que estar homologados por La Lotería de Córdoba.

Quiénes sí pueden jugar

En lo que hace a las condiciones de los jugadores, se estableció que deben ser mayores de 18 años y estar anotados en un registro, en el que tienen que dar cuenta de nombre, DNI y domicilio. Mientras que las licenciatarias deberán comprobar que la información de identidad del apostador sea coincidente y mantener esos datos por un plazo de cinco años.

Además, este registro estará conectado con una base de datos que determinará la Lotería de Córdoba. De esta forma, cada ingreso de un jugador quedaría registrado y archivado.

Límites de depósitos

También se detalló que las licenciatarias deberán “habilitar una función que le permita al jugador establecer límites de depósitos y una exclusión o restricción horaria. Para esto, se solicitó una alerta a las tres horas que la persona esté realizando una apuesta.

Canon

Y en lo que respecta al destino del canon, se estableció sean recursos destinados a programas sociales y que deberá ser un 10%, al menos, del producido bruto. Mientras que en lo que hace a apuestas deportivas, se fijó que también la autoridad de aplicación reglamentará el porcentaje de los premios.

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