Un cambio en el régimen de asignación de unidades retributivas (UR) ha generado controversia en el ámbito estatal. Según denunciaron los gremios estatales, la nueva medida podría beneficiar a aquellos funcionarios que más «ahorro» generen mediante despidos de trabajadores. La decisión administrativa 7, publicada en el Boletín Oficial, modifica el sistema de asignación de UR y establece que aquellas dependencias que logren reducir su dotación de personal reciban un «plus» salarial.
El Gobierno, por su parte, defendió la medida, argumentando que busca ordenar un sistema que anteriormente era confuso y no establecer aumentos salariales discrecionales. Según fuentes oficiales, la estrategia está orientada a la racionalización del gasto público.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, denunció que la medida autoriza “a los funcionarios políticos a incrementarse sus sueldos en proporción al ahorro generado por el despido de trabajadores de carrera hasta alcanzar el sueldo de un ministro”, lo que calificó como “una práctica de la ‘casta’ repartiéndose nuestros salarios”.
La nueva reglamentación estipula que los funcionarios podrán recibir unidades adicionales basadas en el ahorro presupuestario generado por la reducción de personal en sus respectivas jurisdicciones. Este sistema podría traducirse en un incremento salarial para aquellos funcionarios que hayan reducido significativamente el personal a su cargo, lo que incluye tanto a autoridades superiores como a agentes en diversas dependencias.
La decisión administrativa también establece que la distribución de las UR deberá ser gestionada de manera objetiva, basándose en criterios como la estructura de los ministerios y la cantidad de trabajadores. Sin embargo, gremios como ATE aseguran que esto podría derivar en la asignación discrecional de recursos por parte de los ministros y secretarios de Estado, lo que aumentaría la opacidad en el manejo de fondos públicos.
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La medida se implementa en medio de un clima de incertidumbre, ya que al final de este mes vencerán unos 50.000 contratos en la administración pública. ATE ha convocado a un paro para este jueves en protesta por los recortes. Además, exigen la renovación automática de estos contratos y la reapertura de paritarias, señalando que los salarios del sector público siguen por debajo de la inflación, lo que agrava la situación económica de los trabajadores estatales.
El rechazo de ATE se suma al creciente malestar en los sindicatos del sector público, que critican el recorte de personal como una estrategia que perjudica a los empleados de carrera, mientras que beneficia a funcionarios de menor rango. En este contexto, el debate sobre la eficiencia del gasto público y los recortes en el sector público continúa siendo un tema central en la agenda política.
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