El acceso al aborto atraviesa un escenario de mayores desigualdades entre provincias luego de que el Estado nacional dejara de comprar y distribuir, desde 2024, los medicamentos destinados a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, Amnistía Internacional advirtió que las provincias están sosteniendo las prestaciones con recursos propios, aunque con capacidades diferentes.
La organización señaló que la compra centralizada permitía reducir costos, planificar la provisión, coordinar la respuesta sanitaria y garantizar un piso común de acceso en todo el país. Tras su discontinuidad, numerosas provincias comenzaron a realizar adquisiciones propias y a intervenir para resolver dificultades vinculadas con la disponibilidad de medicamentos y la atención médica.
El impacto no es igual en todo el territorio. Según los datos difundidos por Amnistía Internacional, más del 50% de la población de Chaco, Formosa y Santiago del Estero cuenta únicamente con cobertura del sistema público, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires esa proporción es del 16,3%.
Faltantes de medicamentos y aumento de consultas
Durante 2025, Amnistía Internacional registró un incremento significativo de consultas y denuncias relacionadas con obstáculos para acceder al aborto. La organización recibió más de 400 consultas y denuncias durante ese período, mientras que los casos ingresados a través de su formulario online aumentaron más de un 300% respecto de 2024.
Más del 65% de las personas que se comunicaron no sabía cómo ni dónde acceder a una interrupción legal del embarazo.
Entre las situaciones relevadas aparecen casos de personas que fueron informadas de que debían adquirir medicamentos por sus propios medios ante la falta de disponibilidad en el sistema público. Según Amnistía, los precios pueden alcanzar los $300.000, lo que llevó a algunas personas a evaluar pedir dinero prestado y a otras a endeudarse para acceder a una práctica que debe garantizarse gratuitamente.
La organización advirtió que, para quienes no pueden afrontar esos costos, la falta de medicamentos disponibles en el sistema de salud puede aumentar los riesgos asociados a prácticas inseguras.
Adolescentes: falta de información y menos redes de protección
Durante 2025, cerca de 70 adolescentes de entre 14 y 19 años se comunicaron con Amnistía Internacional por obstáculos para acceder al aborto, lo que representó alrededor del 17% de los casos recibidos.
La principal dificultad identificada fue la falta de información. La organización también señaló situaciones de especial vulnerabilidad entre las adolescentes de menor edad, incluidos casos de embarazos ocurridos en contextos de violencia o abuso intrafamiliar.
Amnistía vinculó este escenario con el debilitamiento de políticas de educación sexual y prevención del embarazo no intencional, entre ellas el Plan ENIA, que había contribuido a reducir la tasa de fecundidad adolescente.
San Isidro: un protocolo cuestionado
A las desigualdades vinculadas con el retiro de políticas nacionales se suman, según Amnistía Internacional, obstáculos generados por gobiernos locales. La organización puso como ejemplo el caso de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.
Según la presentación judicial realizada por la entidad, el municipio había implementado un circuito de atención que incorporaba requisitos adicionales a los establecidos por la legislación nacional, entre ellos una consulta psicológica previa obligatoria, distintas instancias para ratificar la decisión, mecanismos que podían afectar la confidencialidad y restricciones para acceder a la interrupción legal del embarazo por causal salud.
El circuito también concentraba la prestación en el Hospital Materno Infantil y dejaba fuera a los Centros de Atención Primaria de la Salud.
Ante esta situación, Amnistía Internacional promovió una acción judicial. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro hizo lugar a una medida cautelar, ordenó suspender el protocolo cuestionado y exigió garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo sin demoras ni condicionamientos incompatibles con la Ley 27.610.
El pasado 16 de septiembre, la organización presentó un pedido de ejecución de la medida al considerar que el municipio aún debía acreditar judicialmente su cumplimiento.
En este contexto, Amnistía Internacional sostuvo que el retiro de la política nacional profundiza las diferencias entre jurisdicciones y planteó que el Estado nacional conserva responsabilidades de rectoría, coordinación y garantía de un piso mínimo de derechos en todo el territorio.
