La obra social de los jubilados atraviesa uno de sus momentos más críticos. En las últimas horas, el Gobierno Nacional transfirió $ 150.000 millones a Pami para intentar calmar un conflicto que escala día a día. Sin embargo, esta cifra representa apenas una parte de la deuda total con clínicas, sanatorios y farmacias, que ya alcanza los $ 500.000 millones. Mientras el dinero no llega a los prestadores, los afiliados sufren las consecuencias: los turnos para estudios médicos se otorgan con demoras de hasta cuatro meses.
El malestar social se hizo visible frente a la sede central del organismo. Grupos de jubilados realizaron una olla popular para denunciar la falta de medicamentos e insumos básicos. En medio de la protesta, los manifestantes exigieron la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones, y reclamaron que los propios trabajadores y beneficiarios auditen las cuentas de la entidad para garantizar transparencia.
La crisis también golpea las farmacias de todo el país. El Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, por ejemplo, advirtió que la falta de pago por parte del Pami dificulta la reposición de remedios. Aunque aseguran que mantendrán la atención, aclararon que la entrega de medicación ahora depende estrictamente del stock disponible en cada local. Esta situación genera una enorme incertidumbre en quienes dependen de tratamientos crónicos.
En el centro del conflicto aparece la Resolución 1107/2026, que cambió la forma en que el Pami paga a los médicos de cabecera. El Gobierno sostiene que el nuevo sistema “ordena el gasto” y aumenta el ingreso fijo de los profesionales. No obstante, los médicos denuncian un “ajuste directo” y aseguran que, al eliminar adicionales y bonos extras, sus salarios reales cayeron casi a la mitad de forma imprevista.
Esta tensión interna provocó paros de profesionales y expuso divisiones dentro del gabinete nacional. Mientras el Ministerio de Salud busca auxilio financiero en el Ministerio de Economía de Luis Caputo, la cartera de Capital Humano de Sandra Pettovello se desmarcó del conflicto mediante comunicados en redes sociales. Con un presupuesto anual de 10 billones de pesos que parece insuficiente, el organismo hoy está bajo la lupa tanto de la Justicia como de un Congreso que exige explicaciones urgentes sobre el futuro de la atención médica de los adultos mayores.
