Según lo registrado, en lo que va del año se produjeron 14 femicidios en el país y existen 4 en proceso de investigación. En este sentido, estiman que se produjo un femicidio cada menos de dos días. A su vez, todos los casos reafirman lo estudiado, que sostiene que la mayoría de las víctimas de este tipo de crímenes son atacadas por un familiar o un hombre conocido.
La situación es alarmante para los organismos que tienen injerencia en esta problemática y recuerda que para este año el gobierno nacional ya anunció la disminución de un 33% al plan nacional de acción que debe llevar adelante el Instituto Nacional de las mujeres (Inam) para combatir la violencia de género.
Frente a este contexto, la organización política Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana) de Córdoba lanzó una campaña para exigir que se declare la emergencia nacional en violencia de género, con el objetivo de que el Ejecutivo, en el marco de los 259 femicidios contabilizados en 2018 y los alarmantes números que ya arroja 2019, ponga en marcha propuestas concretas y urgentes para el abordaje de las violencias machistas.
También exige la implementación federal del Plan Nacional de Acción de Prevención Asistencia y Erradicación de las Violencias de Género presentado en 2017, “un compendio de acciones no implementadas por el gobierno de Mauricio Macri”, alertó esta semana Mumala.
En ese sentido, el colectivo de mujeres recordó que el Inam, responsable de monitorear y poner en marcha el plan así como la Ley 26.485, sufre recortes presupuestarios de manera permanente: “11,36 pesos son los destinados a cada mujer en el presupuesto 2019”, advirtió Betiana Cabrera Fasolis, referente de la organización.
El pedido de emergencia nacional que reclama Mumala es por dos años, comenzando en marzo, e incorpora una serie de propuestas que enumera en 14 puntos. Entre ellas se destaca un aumento presupuestario para el abordaje de las violencias al Inam, la aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y agresores que incumplen medidas judiciales, y la creación de juzgados y fiscalías especializadas en violencias de género, ente otros.
