Murió la beba de la niña de 12 años que habría sido violada en San Pedro de Jujuy. La familia de la menor habían pedido la interrupción legal del embarazo (ILE) pero se la negaron porque, según el gobierno local, excedía el tiempo de gestación que fija el protocolo de la provincia.
Finalmente, hace cuatro días, el ministro de salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, confirmó que la interrupción se hizo a través de una cesárea, técnica que justificó como alternativa al aborto por un supuesto “vacío legal” de los protocolos. “El fallo de la Corte no aclara cuáles son los procedimientos para interrumpir un embarazo”, se defendió.
Bouhid, que hizo pública su posición en contra del aborto, dijo además que la cesárea se aplicó por “la baja edad de la niña y la gestación avanzada”, de 24 semanas. “El protocolo provincial fija un plazo de 22 semanas, así está hecho a diferencia del fallo de la Corte Suprema que no da plazos. Los protocolos no son obligatorios, son opcionales”, aclaró el funcionario sobre el protocolo ILE que adoptó la provincia de Jujuy.
Luego de esa intervención, Bouhid indicó que la menor y la beba estaban en buen estado de salud.
Sin embargo, la Dirección del Hospital Materno Infantil «Dr. Héctor Quintana» informó anoche que «a las 20.30, en el Servicio de Neonatología, falleció el recién nacido, cuyo caso, de público conocimiento, fue informado oportunamente por este nosocomio el pasado viernes 18 del corriente».
El caso tomó estado público a partir de las declaraciones de la mamá de la nena de 12 años que denunció que su hija habría sido violada. Exigía al Estado la aplicación del protocolo establecido por la Corte Suprema de Justicia y la excepcionalidad establecida por el Código Penal para la interrupción del embarazo con la práctica de un aborto .
Los profesionales médicos dependientes del Ministerio de Salud de la provincia realizaron los estudios pertinentes donde surgió que la nena de 12 años estaba embarazada de 24 semanas.
Según la información de público conocimiento, la familia de la nena de 12 años descubrió que estaba embarazada porque una semana antes de la cesárea había tenido dolores abdominales. Entonces fue al Hospital Público de San Pedro y los médicos determinaron que cursaba un embarazo de 23 semanas y media.
Finalmente, y con el consentimiento de la madre de la nena y de ella mismo, se realizó la cesárea. La beba nació con 703 gramos y fue trasladada a Neonatología. Sin embargo, luego de cuatro días, la beba murió anoche.
Días atrás, la abogada que acompañó a la niña celebró que finalmente la provincia haya garantizado el acceso a la salud con la interrupción del embarazo aunque señaló que todo el proceso le dejó un “sabor amargo” por los obstáculos, la revictimización y la dilatación de los plazos para cumplir con el protocolo ILE que tuvo que sufrir la joven y su familia.
“Agradecemos enormemente al equipo médico que se comprometió con realizar la práctica pero hacemos responsables a los directivos de los hospitales de San Pedro y el Materno Infantil que obstaculizaron la práctica con argumentos burocráticos. También repudiamos las declaraciones del ministro que hizo público todo el cuadro clínico de la niña violando la privacidad y la intimidad de la paciente”, dijo Noelia Aisama, abogada de la niña e integrante de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir.
