Luego de más de 24 años de espera, el gobierno nacional dispuso ayer el pago de 26 millones de pesos a los primeros 124 damnificados por las explosiones en los Polvorines de Fábrica Militar Río Tercero. La compensación, que se oficializó tras la publicación en el Boletín Oficial, había sido contemplada por la Ley 27.179, aprobada durante la presidencia de Cristina Kirchner, y luego reglamentada en el mandato de Mauricio Macri. A través de la resolución 14/2019 se determinó que los damnificados recibirán indemnizaciones que van de los $ 112.349, $ 149.798, $ 262.148 y $ 2 millones, dependiendo el caso. La medida lleva la rúbrica de Luis Riva, encargado del área durante la gestión saliente. Los juicios se encontraban congelados desde hacía varias décadas por una cuestión administrativa, ya que los trámites debían realizarse de manera presencial en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).
La Ley 27.179 sancionada en septiembre de 2015 estableció el derecho a percibir una indemnización a aquellos que, a la fecha de su entrada en vigencia, se encontraban en pleno reclamo judicial. De acuerdo a lo informado, el pago se hará mediante la entrega de bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas previsionales. El trágico suceso ocurrió el 3 de noviembre de 1995 y que dejó un saldo de siete muertos y más de 300 heridos. En diciembre de 2014, la Justicia condenó a cuatro ex oficiales del Ejército por el incendio intencional y programado de la fábrica, cuya motivación fue justificar el faltante de armas producido por la venta ilegal a Ecuador y Croacia. En agosto de este año, Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, le había solicitado al entonces presidente Mauricio Macri acelerar los trámites para el pago de las indemnizaciones. Hasta la resolución conocida en la jornada de ayer, el Estado nacional pagó solamente las indemnizaciones por roturas o pérdidas provocadas por la caída de los proyectiles y las explosiones. Como ocurre cada vez que se conmemora un aniversario del trágico episodio, organizaciones ligadas a familiares y damnificados reafirman sus críticas a los “tiempos” judiciales, puesto señalan que muchos de los afectados fallecieron a lo largo de los años sin poder “obtener un mínimo de justicia”
