Representantes del sector farmacéutico de Córdoba reclamaron por la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de permitir la instalación de locales de la cadena Farmacity a menos de 300 metros de otro establecimiento. Georgina Giraldi, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, señaló que la medida “posibilita la generación de monopolios y distorsiona el sistema sanitario”.

En su fallo, el máximo cuerpo judicial local admitió un pedido de inconstitucionalidad en contra de la ordenanza 12.816 que establece una distancia mínima entre una farmacia y otra para asegurar un acceso equitativo a la población.

En su contestación, la firma con presencia en todo el país y que, además de medicamentos, también vende a alimentos y bebidas, señala que la medida “impedía la apertura de cuatro nuevos locales con posibilidad cierta de generar unos 60 puestos de empleos genuinos, además de mejorar al acceso a bienes y servicios de salud de los habitantes”.

Para Giraldi, en cambio, esto se trata de una “maniobra”. “No hicieron los trámites de habilitación en la Municipalidad y fueron directamente al TSJ a decir que no se les permitía el libre ejercicio del comercio y un montón de argumentaciones que no tienen sentido”, expresó. A su turno, Jorge Cantet, asesor letrado de la entidad, indicó “que hay una mirada mercantilista del fin de las farmacias y no sanitario como debiera ser”. En esa línea, Giraldi remarcó que Farmacity insiste con “argumentos legales de libre comercio cuando la farmacia es un establecimiento sanitario.

No estamos hablando de un supermercado, estamos hablando de medicamentos”. Por el contrario, la firma explica que lo exigido por la ordenanza “es una limitación irrazonable e inconstitucional que afecta la libre competencia, el derecho a ejercer industria lícita, el derecho a comerciar y el de los consumidores a acceder a mejores servicios farmacéuticos”. Para la empresa, “la restricción constituye un privilegio a favor de las farmacias ya instaladas, que perjudica no solo a quienes pretenden instalar una nueva, sino, principalmente, a los consumidores, los cuales se ven privados de una mayor y mejor oferta de servicios farmacéuticos”.

El domingo, la Confederación de Farmacias de Argentina (Cofa) criticó la medida al señaló que “saltar las normas vigentes rompe la planificación, posibilita la generación de monopolios y distorsiona el sistema sanitario”.