De acuerdo a la información difundida por la asamblea de vecinos Santa María sin Basura”, el abogado Juan Smith, representante de los querellantes en la causa por contaminación con residuos peligrosos de la empresa Taym, apeló ayer la resolución del juez de Control, Claudio Lasso, quien haciendo lugar al pedido de la defensa de los imputados, la dio por prescripta.
Al respecto, se advirtió en un comunicado que el juez de Control de Alta Gracia intenta cerrar el proceso judicial y sobreseer a los dos imputados: María del Milagro Aráoz Ferrer y César Ripsky, jefa técnica y Gerente de la planta de tratamiento de residuos peligrosos del Grupo Roggio.
La organización vecinal señaló además que la resolución del juez Lasso es tremendamente contradictoria” ya que a la vez que pretende cerrar el proceso judicial mediante un tecnicismo infundado”, dar por vencidos los plazos procesales y señalar que hay una falta de voluntad persecutoria del Estado”, también describe la gravedad de los hechos contaminantes.
En el documento, se detallan las características de los tóxicos derramados, la enorme extensión de territorio afectado, el ingreso de agua contaminada en el canal Los Molinos-Córdoba y en la propia planta potabilizadora que abastece de agua a más 500.000 cordobeses. Además, se precisan las graves violaciones a los protocolos de seguridad y leyes regulatorias que se producían sistemáticamente en la Planta.
Cabe señalar que la respuesta del juez Lasso a la Cámara de Acusación se realizó una semana después de que vencieran los tiempos procesales establecidos. Ante la queja de la querella fue el propio Lasso el que respondió por su demora. Es por esto que los vecinos de Santa María califican los criterios del juez para evaluar la caducidad de los plazos procesales como absolutamente discrecionales”.
Por otra parte, los vecinos denuncian que la contaminación no ha cesado: La propia pericia judicial indicó que los metales pesados que se dispersaron en el ambiente, no se degradan y siguen representando un riesgo para la salud”, explicaron.
Esta absurda situación representa una burla a todos los afectados. Es un flagrante acto de impunidad que evidencia la falta de independencia del poder judicial, su servilismo a los poderes económicos y políticos en desmedro de los derechos de la ciudadanía”, expresó la asamblea.
