En septiembre de 2025, una adolescente de 14 años ingresó a la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en Mendoza, con un arma de fuego. Un episodio similar ocurrió en abril de este año, cuando un joven de 15 años llevó un arma a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, hecho que esta vez dejó como saldo un muerto y varios heridos.
A partir de estos casos, la sociedad argentina atraviesa un clima de preocupación e incertidumbre ante una seguidilla de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de todo el país. Aparecieron mensajes escritos en baños, paredes y redes sociales de colegios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, incluyendo a Córdoba, donde en nuestra provincia se registraron más de 100 denuncias.
¿Cómo accede un adolescente a un arma? ¿Dónde fallan los controles de registro y custodia? Para abordar estos interrogantes, este medio dialogó con Lucrecia Bustos, delegada en Córdoba del Registro Nacional de Armas (RENAR), y con José Nicolás Losano, secretario de la Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de la Provincia de Córdoba (ALUProC) y secretario de juventud de la Federación del Legítimo Usuario de Armas de Argentina (FLUAA), con el objetivo de analizar el fenómeno desde una mirada técnica y desde quienes interactúan cotidianamente con el sistema.
Tenencia y portación
En Argentina, el acceso legal a un arma de fuego está regulado por el Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que actualmente depende del Ministerio de Seguridad. Hasta julio de 2025, esta función era ejercida por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), un ente autárquico creado en 2015. Con el Decreto 445/2025, el Gobierno dispuso su reestructuración, eliminó su autonomía y restableció la denominación RENAR, centralizando sus funciones bajo la órbita ministerial. El sistema requiere una serie de trámites y requisitos obligatorios para la tenencia y portación de armas de fuego.
El primer paso es obtener la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), que habilita a comprar, registrar y poseer armas de fuego. Se trata de un trámite personal, digital y obligatorio, que se realiza a través de la plataforma MiRENAR. Tiene una vigencia de cinco años y debe renovarse dentro de los 90 días previos a su vencimiento.
Además, para obtener la portación de arma de fuego (es decir, el permiso para llevar un arma cargada y lista para uso en espacios públicos), se exige ser legítimo usuario con credencial vigente y tener el arma registrada a nombre del solicitante. A esto se suma el certificado de antecedentes penales reciente (no mayor a 60 días), apto psicofísico, y documentación que acredite medios de vida lícitos (recibos de sueldo, constancias de monotributo, declaración de ingresos o recibos de jubilación, según el caso). También se debe presentar una nota justificando los motivos de seguridad para solicitar la portación y formularios específicos para su evaluación legal.
En paralelo, el sistema de control incorpora la Tarjeta de Consumo de Municiones Digital (TCCM). Permite la compra de municiones de calibres autorizados y se encuentra vinculada a las tenencias registradas con Código Único de Identificación de Material Controlado (CUIM).
De este modo, el esquema vigente diferencia no solo entre tenencia y portación, sino también entre el acceso al arma y el control de sus municiones, a través de un sistema digitalizado de registro y fiscalización.
Armas irregulares y problemas de custodia
Frente a los casos recientes de menores que accedieron a armas y las reiteradas amenazas en escuelas, Bustos sostuvo que el problema no puede analizarse únicamente desde la legalidad formal. “Es fundamental que los chicos comprendan qué son las armas y el respeto que requieren”, señaló.
En su explicación, aparecen armas antiguas no registradas, herencias sin regularizar o situaciones en las que la falta de información derivó en la omisión del registro. “Hay armas que se compraron a principios de 1900, quedaron guardadas o no se registraron cuando se implementó el sistema. Esas no las consideraría ilegales, pero sí no registradas”, explicó. En ese sentido, remarcó que pueden regularizarse mediante procesos de repadronamiento, aunque muchas veces el trámite resulta complejo y costoso.
El problema se agrava cuando esas armas ingresan al circuito de la violencia. En ese sentido, la custodia resulta clave: deben guardarse descargadas, en armarios cerrados y con la munición separada.
Bustos también señaló fallas en la articulación institucional. Muchas denuncias por robo de armas quedan registradas en comisarías pero no se cargan de inmediato en el sistema nacional del RENAR, lo que genera demoras en la trazabilidad. “No siempre la información circula de manera integrada entre provincias y Nación”, explicó.
A ello se suma la heterogeneidad territorial del sistema, mientras algunas provincias cuentan con delegaciones y oficinas operativas de control, otras carecen de infraestructura local, lo que obliga a los usuarios a realizar trámites a distancia o a trasladarse largas distancias para gestiones básicas como la renovación de credenciales. En ese marco, la digitalización de los procedimientos permitió agilizar procesos administrativos, aunque también redujo la presencia física del Estado en determinados territorios.
En paralelo, desde el organismo advierten que el circuito ilegal no se limita al arma en sí, sino que también alcanza a las municiones. “Sabemos que en distintas provincias incluso se venden cartuchos en kioscos, el tráfico de armas en ciertas zonas de Argentina es amplio y llega a que un menor pueda acceder a estos artefactos”, señaló Bustos, al remarcar que el sistema formal exige trazabilidad estricta: “tenés que tener un carnet de consumo de munición específico para cada arma. Por ejemplo, si sos legítimo usuario y tenés calibre .22 y 9 milímetros, no podés comprar libremente calibre .38”.
Además, la digitalización permite hoy cruzar datos para inhabilitar a usuarios con denuncias por violencia familiar o incumplimiento de cuotas alimentarias. “Cuando hay casos de violencia familiar, se comunica de inmediato al RENAR y se inhabilita al legítimo usuario, incluso sin sentencia firme”, informó Bustos.
“Un padre o una madre que no cumple con la cuota alimentaria no puede comprar municiones, transferir armas ni renovar su credencial. Queda bloqueado hasta regularizar su situación”, agregó Losano.
La funcionaria también explicó que la circulación de armas incautadas depende del tipo de jurisdicción que intervenga. “Cuando se producen allanamientos en la provincia de Córdoba, la policía y la justicia local comunican a Buenos Aires que se realizó el procedimiento, pero no siempre nos hacen depositarios del material secuestrado”, indicó. En esos casos, el material queda bajo resguardo de la justicia provincial. “La justicia de Córdoba tiene sus propios depósitos; nos pueden pedir información, pero no nos transfieren el material”, agregó.
Distinto es el escenario cuando interviene la justicia federal. “Si actúa la justicia federal, el material secuestrado por Gendarmería o por orden federal sí es trasladado y queda bajo control del sistema nacional”, explicó Bustos, marcando así una diferencia clave en la trazabilidad y resguardo de armas incautadas según el fuero interviniente.
Hacia una política de Estado
Argentina busca consolidar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego como una política permanente. Este programa, destacado por la ONU en 2013, permite la entrega anónima de armas para su destrucción a cambio de un incentivo económico. La participación está abierta a cualquier persona, sea o no legítimo usuario, y las armas son inutilizadas en forma inmediata en presencia de quien las entrega.
Actualmente, el programa se encuentra operativo en cuanto a la recepción de armas, aunque el pago del incentivo económico no se está realizando, según explicó Bustos.
En este marco, el Gobierno reactivó esta semana un proyecto aprobado en Diputados en 2024 y convocó a un plenario de comisiones para acelerar su tratamiento en el Senado. La iniciativa propone, por un lado, agilizar los procedimientos de regularización de armas de fuego y, por otro, prorrogar el sistema de entrega voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2027, tal como ya ocurrió bajo distintas gestiones.
“Por ejemplo, hay armas de mi abuelo que nunca se registraron porque en ese momento no era obligatorio. Para regularizarlas habría que hacer la declaratoria de herederos de mi abuelo y también de otros familiares. El costo es muy alto y los trámites son numerosos, por eso muchas armas siguen en situación irregular. Lo que busca esta ley es facilitar ese proceso”, explicó Bustos.
Desinformación y estigma
Uno de los puntos que atravesó los testimonios de Losano y Bustos fue la distancia entre la regulación vigente sobre armas y la forma en que ese sistema es interpretado y difundido en la esfera pública.
Como ejemplo, mencionaron la habilitación de ciertos fusiles semiautomáticos con cargador a fines de 2024. “Empezaron a decir que iban a andar todos con ametralladoras por la calle. La realidad es que en toda Córdoba, desde que se aprobó esa normativa, me ingresaron tres trámites de ese tipo”, señalaron, en alusión a la distancia entre la percepción social y el uso efectivo de ese tipo de armas.
En esa línea, ambos entrevistados coincidieron en que Argentina posee uno de los sistemas de registro y control de armas más estrictos de la región. “Nosotros somos modelo para otros países en materia de regulación. Incluso hemos recibido asesores internacionales que lo han señalado. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe un sistema de control comparable al nuestro”, afirmó Losano.
La discusión también alcanzó al modo en que ciertos productos son representados visualmente. Se mencionó el caso de rifles calibre .22 con estética de fusiles de asalto, como réplicas de la AK-47. Aunque su apariencia remite a un arma de guerra, su funcionamiento es el de un arma deportiva de bajo calibre, utilizada en actividades recreativas o de caza menor. “Vos lo ves y te impacta, pero lo que necesitás es que se explique técnicamente: es una carcasa, un diseño, pero sigue siendo un calibre .22 para uso deportivo”, explicó Losano.
En ese punto, también cuestionó el tratamiento mediático de las noticias policiales: “Muchas veces se utilizan imágenes ilustrativas que no tienen nada que ver con el hecho. Eso es una irresponsabilidad, porque contribuye a instalar una idea equivocada”.
La crítica se extendió al tipo de cobertura que reciben las actividades vinculadas al tiro deportivo. “Tenemos visibilidad solo cuando hay un hecho trágico o un escándalo. En cambio, en un torneo deportivo no hay cobertura”, sostuvo, al remarcar una asimetría en la agenda mediática.
Finalmente, Losano cerró con una observación que, según dijo, suele quedar fuera del debate público: “Argentina tiene un sistema de control muy exigente. A veces incluso más estricto que el de otros países con los que se nos compara. El problema no es la falta de regulación, sino cómo se interpreta y comunica esa regulación”.
Educación
Ante la pregunta de cómo evitar que esto vuelva a ocurrir, la respuesta de ambos entrevistados apuntó a la educación. Bustos propuso llevar estas charlas a los colegios secundarios, combinando información legal con demostración práctica de seguridad. El objetivo es que estudiantes y familias conozcan cómo se almacena un arma de forma segura, qué hacer ante un hallazgo y cuáles son las diferencias entre un arma legal y una ilegal.
El planteo toma como referencia experiencias ya instaladas, como la educación vial, donde la incorporación de contenidos en la escuela permitió generar hábitos de cuidado que luego se trasladan a la vida cotidiana. En Córdoba existen antecedentes que alimentan el debate. El Colegio Montserrat, por ejemplo, desarrolla desde hace años actividades de tiro deportivo con aire comprimido bajo supervisión y con protocolos de seguridad. Quienes defienden este enfoque sostienen que estas prácticas no fomentan la violencia, sino que enseñan respeto por normas claras.
Otro de los puntos que se discute es el efecto del silencio. Evitar el tema o convertirlo en un tabú, advirtieron, puede resultar contraproducente, especialmente en adolescentes. Por eso, proponen desmitificar el tema y abordarlo con información concreta. También remarcan que la mayoría de los hechos delictivos en Argentina involucran armas ilegales, no registradas.
A nivel de políticas públicas, sugieren reforzar herramientas ya existentes, como el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, y ampliar su difusión para que más personas conozcan las opciones disponibles. La iniciativa no requiere grandes cambios estructurales. Se trata de sumar instancias informativas en las escuelas y promover campañas de concientización que permitan reducir riesgos a partir del conocimiento.
Los especialistas coinciden en que los episodios vinculados a armas en entornos escolares suelen estar asociados, en la mayoría de los casos, a fallas en la custodia, la circulación de armas fuera del sistema formal o situaciones de acceso irregular, más que al circuito legal de tenencia. El desafío, señalan, pasa por fortalecer la educación, mejorar los mecanismos de control efectivo y acercar el sistema de regulación a la sociedad, con el objetivo de prevenir riesgos desde una perspectiva integral.
