En medio del choque de fuerzas en la Unicameral, aunque en base a un acuerdo, el oficialismo dio luz verde para avanzar en el debate en comisión de un proyecto de Alejandra Ferrero (UCR) que introduce cambios a algunos artículos de la ley número 10.793, que regula el juego en línea en nuestra provincia.
De este modo, la bancada del PJ habilitó el tratamiento de la iniciativa de la radical en un plenario de las comisiones de Adicciones y Niñez ante una preocupación del conjunto, pero con una marcada diferencia de por dónde pasa el eje de la discusión entre oficialistas y opositores.
El proyecto de la referente del interbloque Juntos por el Cambio pone la lupa sobre el registro de jugadores. En ese artículo, se busca incorporar los datos biométricos y dirección domiciliaria del apostador, “para identificar de forma única a un individuo”. A su vez, se demanda que el registro sea manejado por la Lotería de Córdoba y no por las prestatarias del juego.
“Pretendemos restringir y limitar el acceso de los menores a las plataformas virtuales de juego online que hoy están liberadas, mediante un registro de datos biométricos, verificando así la identidad de quien ingresa”, expresó Ferrero en declaraciones al diario Perfil Córdoba. En este plano, la opositora afirmó que “es muy grave el acceso ilimitado de los menores”. Es por ello que promovió la reforma para “impedir que el juego anule el capital intelectual de nuestras futuras generaciones”, dijo.
Ante una polémica no zanjada en torno a esta ley que se aprobó a pura tensión en diciembre de 2021, Ferrero advirtió que “el peronismo no reglamentó ni temas de minoridad ni destino del canon, solo aspectos que atañen a la recaudación de las prestatarias”. “Es muy bueno que ahora tengan la preocupación e intención de apoyar y enriquecer este proyecto para que salga y privilegiemos el interés de los niños, niñas y adolescentes entre todos los partidos políticos”, remató.
Desde el peronismo, Natalia Quiñónez salió al cruce de las críticas de la radical. La oficialista aclaró que la actual ley prohíbe la participación de los menores de edad y hay “controles de verificación” para que ello no ocurra. “El problema que estamos teniendo es el juego ilegal”, señaló la presidenta de la comisión de Adicciones al fijar la postura del PJ en cuanto al eje que atravesará el debate interno en torno a las modificaciones de la norma vigente.
Quiñónez remarcó que la meta está puesta en una ley lo más “operativa posible” para combatir “en serio” lo ilegal. Bajo esa lógica, adelantó la convocatoria a comisiones de técnicos, profesionales universitarios y funcionarios provinciales con vinculación específica en el tema para que hagan sus aportes.
Sobre la propuesta de incorporar los datos biométricos al registro de jugadores, la oficialista se mostró de acuerdo, pero remarcó que se trata de “un paso más” a las condiciones de validación que ya operan para evitar el acceso a los menores.
A través de esta iniciativa se pretende además prohibir la publicidad y la promoción del juego en las plataformas virtuales; modificar el destino del canon (una mitad a la prevención de la ludopatía en escuelas secundarias y, la otra mitad, a programas sociales), y que haya campañas masivas de prevención de la ludopatía.
