El fiscal Guillermo González aceptó ayer a la Municipalidad de Córdoba como querellante particular en la causa que investiga la venta de certificados de habilitación de Bomberos truchos a comercios de la ciudad. No obstante, González aclaró que la incorporación del municipio como parte interesada en la investigación es independiente al curso que podrían tomar las nuevas pesquisas, incluso si ello requiriese indagar sobre un potencial rol de empleados del Palacio 6 de Julio.
El viceintendente a cargo del Ejecutivo Municipal, Daniel Passerini, había solicitado el pasado jueves, a través de Asesoría Letrada, actuar como parte querellante. “El municipio capitalino se considera víctima de una estafa, por lo cual pedirá participar activamente en la causa”, había dicho el Intendente electo.
En cuanto al trámite judicial, el mismo avanza en varios frentes. Pese al secreto de sumario, se sabe que el fiscal González analiza la prueba recolectada en los distintos allanamientos, al tiempo que ya descubrieron unas 30 habilitaciones irregulares a supermercados, concesionarias de autos, consultorios y complejos deportivos.
Hasta el momento, no se han detectado boliches o bares, como se temía. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan surgir, ya que los investigadores creen que la operatoria lleva varios años en Córdoba y desconocen el alcance que pueda llegar a tener.
Entre los declarantes se encuentran varios comerciantes que aseguran haber pagado por actas que eran truchas. No obstante, sostienen que lo hicieron saber que lo eran.
En ese marco, surgió que, además de analizar a más personal de bomberos, también está bajo la lupa el rol que habrían tenido funcionarios o empleados de la comuna en este accionar y no se descarta que puedan ser acusados o detenidos. Al respecto, desde el municipio aseguraron que se “busca tener acceso a los detalles de la instrucción y conocer el listado de locales o comercios alcanzados por la investigación, a los fines de realizar las constataciones que correspondan en cada caso”.
Y explicaron que, en marzo de este año, el municipio “le facilitó a la fiscalía un acceso directo a todo el sistema de habilitaciones de comercios”. En paralelo, se indicó que las habilitaciones que requieren la intervención de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba constituyen aproximadamente un 9% del total.
