- El diagnóstico: El CNPT realizó un monitoreo de cuatro días en penales y dependencias de Córdoba y situó al hacinamiento como el problema más crítico.
La advertencia: Pese a las inversiones provinciales en obras, el organismo sostiene que la infraestructura por sí sola no resolverá la crisis.
La propuesta: Piden incentivar alternativas al encierro para delitos menores, embarazadas, adultos mayores y personas enfermas.
Tecnología en las celdas: Respaldan el uso regulado de celulares y telemedicina para garantizar derechos y prevenir delitos virtuales.
La sobrepoblación carcelaria se consolidó como el desafío más urgente del sistema penitenciario de Córdoba. Así lo advirtió el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) tras concluir una inspección técnica en la provincia.
En diálogo con Hoy Día Córdoba, la comisionada Josefina Ignacio detalló el impacto directo que el hacinamiento provoca en la vida cotidiana de los internos:
«Cuando un establecimiento fue construido para alojar a determinada cantidad de personas y termina alojando muchas más, aparecen problemas directos con el acceso al agua, el espacio disponible, los lugares para dormir y los servicios básicos».
¿Por qué y a quiénes encarcelamos?
Si bien la provincia de Córdoba ejecutó en los últimos años importantes inversiones en la ampliación de módulos y la construcción de nuevas unidades, desde el CNPT señalan que la solución no es expandir el cemento de manera indefinida.
«La discusión debe centrarse en cuántas personas encarcelamos, por qué motivos y durante cuánto tiempo. Si se mantienen los actuales niveles de encarcelamiento, no habrá sistema ni presupuesto que alcance», enfatizó Ignacio.
Para destrabar el colapso, el organismo insta a aplicar las herramientas de morigeración previstas por la ley en casos específicos:
Personas mayores o con enfermedades crónicas.
Mujeres embarazadas o a cargo de niños pequeños.
Procesados o condenados por delitos de menor gravedad.
Según la especialista, reducir la densidad poblacional mediante estos mecanismos no solo optimiza el gasto público, sino que permite al Estado concentrar la custodia estricta en los perfiles de mayor peligrosidad.
Art.
Empatía en baja y «discursos de crueldad»
Un obstáculo central para avanzar en estas reformas no es solo técnico o judicial, sino cultural. Ignacio advirtió que las medidas alternativas y la inversión en reinserción suelen colisionar con un clima social adverso y una retórica pública cada vez más punitiva.
«Hoy existe un nivel de crueldad que resulta preocupante», reflexionó la comisionada. «Antes, cuando ocurrían hechos de violencia o malos tratos en una cárcel, las instituciones intentaban ocultarlos. Hoy, en algunos casos, ciertos funcionarios llegan incluso a reivindicar esas prácticas con frases como ‘se lo merecían’ o ‘el que las hace las paga’».
Para la integrante del CNPT, esta «naturalización de la violencia» y la exposición pública de discursos crueles representan un retroceso institucional grave que obtura cualquier debate racional sobre la seguridad:
Falta de empatía social: La inversión en cárceles o en programas de reinserción suele ser rechazada por la opinión pública al ser percibida como un «gasto» en favor de personas privadas de la libertad.
Mitos sobre la delincuencia: En debates como la reforma penal juvenil, el discurso público suele asociar la inseguridad a los jóvenes, omitiendo que las estadísticas oficiales muestran una participación mínima de menores en la escala delictiva.
Cuatro días de inspección en el terreno
Entre el 29 de junio y el 2 de julio, la comitiva del CNPT desplegó un operativo de relevamiento en múltiples dependencias judiciales y penitenciarias de la provincia:
Complejo Bouwer: Inspección en el Complejo Carcelario N°1, el Establecimiento Penitenciario N°3 y el Hospital Modular.
Córdoba Capital: Relevamiento en la Unidad Penitenciaria N°9 y alcaidías.
Interior Provincial: Visitas técnicas a los penales de Cruz del Eje, Villa María y Río Cuarto.
Niñez y Salud: Dispositivos para adolescentes del Complejo Esperanza y centros de salud mental.
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Para entender el peso del diagnóstico en Córdoba, es fundamental comprender cómo opera el organismo. A diferencia de otras dependencias, el CNPT tiene una particularidad de origen: su naturaleza es estrictamente preventiva. No necesita que un interno o familiar radique una denuncia formal para intervenir.
«Podemos inspeccionar una cárcel o una provincia para detectar problemas estructurales que puedan favorecer situaciones de tortura, malos tratos o violencia institucional, y trabajar de manera colaborativa con las autoridades para corregirlos», explicó Ignacio.
Si bien el organismo realiza un seguimiento exhaustivo cuando detecta casos graves, no actúa como querellante. Su objetivo central es la prevención, la corrección de políticas y el control institucional.
Tras años de construcción de su estructura federal —que comenzaron de cero, trabajando incluso desde bares por falta de oficinas—, el Comité logró consolidar su legitimidad territorial. Hoy, su trabajo excede las inspecciones: el Poder Judicial les solicita dictámenes técnicos, las legislaturas los consultan ante reformas del sistema penal y las propias provincias los convocan para diseñar políticas públicas.
Tecnología bajo protocolo: inclusión y control de delitos
Consultada sobre el debate en torno a los dispositivos tecnológicos en los pabellones, la comisionada defendió la implementación de herramientas digitales bajo estrictos marcos de supervisión.
Servicios como la telemedicina, la educación a distancia y la comunicación familiar regulada son vistos por el organismo como pilares de la reinserción social.
«No se trata de permitir un uso libre e indiscriminado, sino de establecer reglas claras y utilizar la misma tecnología para supervisar su cumplimiento», aclaró Ignacio, subrayando que las plataformas monitoreadas son eficaces para detectar e impedir la comisión de estafas virtuales.
El informe definitivo del CNPT —que incluirá un mapa de recomendaciones sobre violencia institucional y capacitación de las fuerzas de seguridad— será entregado al Gobierno de Córdoba y al Poder Judicial.
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