La fecha encuentra su antecedente en el «Protocolo de Palermo», aprobado por la ONU en el año 2000, el primer instrumento internacional que definió de manera consensuada qué se entiende por trata de personas: la captación, traslado o acogida de personas mediante engaño, violencia, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación. Esa explotación puede adoptar múltiples formas, desde la explotación sexual y laboral hasta la servidumbre, los matrimonios forzados o la extracción de órganos.
Desde 2014 la jornada busca que el foco no esté únicamente en perseguir a las organizaciones criminales, sino también en garantizar que las víctimas puedan reconstruir sus vidas mediante una asistencia integral, un aspecto que continúa siendo uno de los mayores desafíos para numerosos países, entre ellos Argentina.
Un delito que sigue creciendo en Argentina
La ocasión llega este año con cifras preocupantes para la Argentina. Según el informe anual difundido por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), durante 2025 la Línea 145 recibió 2.200 denuncias por posibles situaciones de trata, de las cuales 716 involucraron a niñas, niños y adolescentes.
El organismo, que conduce el matrimonio de fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, logró identificar a 133 víctimas menores de edad: 87 niñas, 37 niños y nueve casos en los que no se especificó el género. La cifra se conoció, no por casualidad, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, lo que subraya la superposición entre ambas problemáticas.
El mismo relevamiento aportó otros números que grafican la magnitud del fenómeno: se contabilizaron 41 denuncias por producción, tenencia, distribución o comercialización de material de abuso sexual infantil, y 18 casos de grooming. Además, ingresaron al registro de PROTEX 45 sentencias por trata y delitos conexos dictadas en distintos puntos del país, 30 condenatorias, nueve absolutorias y seis resueltas mediante acuerdos conciliatorios, que en conjunto alcanzaron a 224 víctimas, trece de ellas menores de edad.
Entre los delitos sufridos por las víctimas más jóvenes se registraron casos de explotación laboral, explotación sexual, matrimonio forzado y reducción a la servidumbre. El propio informe recuerda una estadística global que dimensiona el problema: se calcula que uno de cada ocho menores en el mundo, unos 300 millones de niñas y niños, sufre cada año algún tipo de abuso o explotación sexual potenciado por internet, una modalidad que, según la fiscalía especializada, viene desplazando progresivamente a las formas más tradicionales de explotación en prostíbulos.
Varias raíces
Lejos de tratarse de un fenómeno reciente, la trata de personas en Argentina antecede incluso a la propia Nación. Investigaciones históricas ubican sus primeros antecedentes hacia fines del siglo XVIII, cuando un grupo de mujeres inglesas que iba camino a una colonia penitenciaria en Australia terminó, tras un motín a bordo, radicada en el Río de la Plata y sometida a la prostitución por rufianes que ya operaban en la región. Décadas más tarde, entre fines del siglo XIX y mediados del XX, la llamada «trata de blancas» se consolidó como un negocio tolerado y hasta reglamentado por el Estado, sostenido por el auge inmigratorio europeo y por la connivencia de policías, funcionarios municipales y sectores políticos.
Con el fuerte proceso inmigratorio entre fines del siglo XIX y mediados del XX, la denominada «trata de blancas» adquirió dimensiones internacionales. Durante décadas, la prostitución funcionó bajo distintos esquemas de regulación estatal y coexistió con organizaciones criminales que trasladaban mujeres desde Europa mediante falsas promesas de matrimonio o empleo. La explotación era sostenida por redes de corrupción que involucraban a sectores policiales, políticos y judiciales.
Entre esas organizaciones sobresalieron la «Zwi Migdal» y la «Milieu», dos estructuras transnacionales que dominaron buena parte del negocio durante las primeras décadas del siglo XX.
Uno de los casos que marcó un antes y un después fue el de «Raquel Liberman», quien en 1930 denunció públicamente a la organización que la había explotado durante años. Su testimonio permitió exponer una extensa red de corrupción y contribuyó al desmantelamiento de parte de esas estructuras criminales, aunque el delito nunca desapareció.
El marco legal y sus límites
Argentina ratificó el Protocolo de Palermo en 2002, pero recién en 2008 sancionó la Ley 26.364 para prevenir y castigar la trata de personas, modificada en 2012 por la Ley 26.842 para eliminar toda posibilidad de que el consentimiento de la víctima, sin importar su edad, exculpara a los responsables.
Esa reforma también creó un Consejo Federal destinado a coordinar las políticas de protección y asistencia, un mecanismo que, según especialistas y funcionarios consultados en distintos análisis sobre la implementación de la norma, sigue enfrentando serias dificultades para articular respuestas homogéneas entre la Nación y las provincias.
El diagnóstico que se repite entre quienes trabajan en la asistencia directa a las víctimas apunta a una misma tensión: mientras el andamiaje normativo argentino fue creciendo en las últimas dos décadas, hoy Argentina es considerada simultáneamente un país de origen, tránsito y destino de víctimas.
Las investigaciones señalan que muchas personas captadas provienen de provincias del norte argentino o de países vecinos como Bolivia, Paraguay y Brasil, mientras que los principales destinos suelen concentrarse en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Río Negro. Las víctimas suelen encontrarse en situaciones de alta vulnerabilidad económica y social, condición aprovechada por las organizaciones criminales para concretar el engaño y la explotación.
Es así entonces como la coordinación entre Nación y provincias, la disponibilidad de recursos y el acompañamiento sostenido a las víctimas continúan siendo desafíos para lograr una verdadera restitución de derechos. Es decir, aunque el país avanzó en herramientas jurídicas y políticas públicas, todavía resulta indispensable consolidar programas de asistencia de mediano y largo plazo que permitan a las víctimas reconstruir su proyecto de vida.
Un compromiso que debe sostenerse más allá de la efeméride
El Día Mundial contra la Trata de Personas no celebra una conquista, sino que recuerda una deuda persistente. Detrás de cada denuncia existe una historia atravesada por el engaño, la violencia y la vulnerabilidad estructural, y detrás de cada rescate comienza un proceso complejo de recuperación que exige respuestas sostenidas del Estado y de la sociedad.
Más que un delito oculto, la trata de personas es un espejo de las desigualdades que atraviesan a nuestra sociedad. Alimentándose de la pobreza, de la violencia, las migraciones forzadas y, cada vez más, de las herramientas digitales que amplían el alcance de las organizaciones criminales. Naciones Unidas advierte que las redes de explotación evolucionan al ritmo de la tecnología y que combatirlas exige algo más que condenas: requiere cooperación internacional, prevención y una asistencia sostenida para quienes logran salir de ese circuito.
El 30 de julio recuerda que la lucha contra la trata no se limita a rescatar víctimas, sino a construir una sociedad donde ninguna persona pueda ser reducida a una mercancía y donde la dignidad humana nunca tenga precio.
