La expansión de la educación secundaria en Argentina es un logro notable de las últimas décadas, pero persisten desafíos significativos en trayectorias educativas, aprendizajes y desigualdades socioeconómicas y territoriales. Cerca del 20% de los estudiantes se gradúa en modalidades para adultos o programas alternativos como el FinES, reveló ayer en un informe la Fundación Colsecor.
La educación secundaria no solo es crucial para la integración social de los jóvenes, sino también para su éxito en el mercado laboral y la lucha contra la desigualdad. Aunque la matrícula ha aumentado, la universalización del acceso y la retención estudiantil siguen siendo desafíos pendientes, especialmente en la gestión estatal.
La estructura del nivel secundario en Argentina está definida por tres leyes nacionales, incluida la Ley de Educación Nacional (LEN) N° 26.206, que estableció la obligatoriedad de la escuela secundaria en 2006. Aunque la matrícula y el número de graduados han aumentado, persisten desafíos significativos en términos de abandono escolar y calidad educativa.
Desde CIPPEC analizaron que solo dos de cada 10 estudiantes que ingresan al nivel primario llegan al último año de la secundaria en el tiempo teórico esperado. A su vez, siete de cada diez jóvenes obtienen el título secundario. Más allá de las trayectorias, es crucial observar los aprendizajes: tanto las evaluaciones internacionales como las nacionales evidencian un déficit de habilidades fundamentales en Lengua y Matemática.
En secundaria, el último dato oficial disponible de las pruebas Aprender 2022, muestran que cuatro de cada 10 adolescentes escolarizados no alcanzan un nivel satisfactorio en Lengua, y 8 de cada 10 en Matemática. Si se pone el foco en la gestión estatal, el desempeño es más preocupante: 50,5% en Lengua y 88,4% en Matemática.
La desigualdad socioeconómica y territorial influye en el acceso, la retención y los resultados educativos, con un mayor impacto en los sectores más desfavorecidos.
Las políticas como el Plan FinES contribuyeron a la inclusión de jóvenes y adultos en el sistema educativo, pero su futuro es incierto por la falta de financiamiento y apoyo gubernamental. La reducción del presupuesto educativo amenaza con empeorar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones laborales de los docentes.
La educación es un derecho fundamental del Estado, pero su financiamiento insuficiente agrava las desigualdades sociales y económicas. Las políticas educativas deberían abordar también las causas estructurales de la desigualdad y la exclusión social.
Hay un dilema que se debate desde hace tiempo en el acceso y trayectoria educativa: la opción entre priorizar oportunidades y derechos individuales frente a los derechos sociales de aspiración igualitaria.
Lamentablemente, en el escenario político actual se destacan, desde diferentes sectores, un discurso que alienta lo primero, es decir, los derechos individuales. Como señala un estudio del CIPPEC, “el sistema educativo moderno, vigente aún hoy, se fundamentó sobre el principio de la igualdad en el acceso y en el trato de los alumnos, rompiendo con sus desigualdades de origen en estos aspectos.
Este modelo se completó con el principio de la meritocracia, que establece que ante esa igualdad de oportunidades cada cual logrará diferentes resultados según su esfuerzo y sus capacidades. Así, la educación consagró una ‘desigualdad justa’, basada en la ficción de que los individuos son sujetos sin historia previa”.
