El Gobierno nacional le aceptó hoy la renuncia al camarista federal cordobés Ignacio María Vélez Funes, denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presunto acoso y malos tratos al personal a su cargo.
Mediante el decreto 354/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo efectivizó la salida de Vélez Funes con fecha del 1° de julio pasado.
El decreto, firmado por el presidente, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia, Martín Soria, no hace mención a las denuncias contra el ahora ex camarista, quien se encontraba de licencia previo a su dimisión.
Vélez Funes Salió airoso de una causa penal que le inició en 2020 el fiscal federal Carlos Casas Nóblega por supuesta violación de los deberes de funcionario público por la difusión de datos de una causa en pleno trámite a través del Centro de Información Judicial (CIJ).
En los últimos meses, trabajadores judiciales respaldados por el gremio UEJN –que lidera Julio Piumato- denunciaron a Vélez Funes ante el Consejo de la Magistratura por diversos casos de presunta violencia laboral.
El gremio de los judiciales denunció «abuso de autoridad, amenazas, maltrato laboral cotidiano» que definió como «configurativos de violencia y acoso por razón de género».
La situación de Vélez Funes se complicó en el último mes porque a esas denuncias sobre maltrato laboral se agregó otra sobre supuesto acoso sexual.
El ahora ex camarista pidió licencia cuando arreciaban las denuncias en su contra y finalmente, hace poco menos de un mes, presentó su renuncia, que fue formalmente admitida hoy.
Una semana atrás, también había renunciado a su cargo como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.
La publicación del decreto implica automáticamente el cese de todos los pedidos de juicio político, pero no exime a Vélez Funes de eventuales responsabilidades penales derivadas de su conducta.
