El posible avance del Gobierno nacional sobre una derogación o modificación de la Ley de Etiquetado Frontal volvió a poner en debate una de las políticas de salud pública más discutidas de los últimos años en nuestro país. La normativa, sancionada en 2021, obliga a las empresas a incluir octógonos negros en los envases de alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías, además de restringir la publicidad dirigida a niños en productos con sellos de advertencia.
Desde el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba advirtieron que eliminar la normativa implicaría “un retroceso” en materia de información alimentaria y prevención de enfermedades.
En diálogo con Hoy Día Córdoba, la presidenta de la institución, Rosana Forcato, sostuvo que, aunque todavía no puede medirse un impacto epidemiológico concreto por el poco tiempo de vigencia de la ley, sí existen cambios visibles en los hábitos de consumo de la población. “Podríamos decir que fue positivo el impacto. Tenemos una ley muy reciente, hace cinco años que lleva implementada y con el año de adecuación de las empresas, y con el año de inicio, luego de la promulgación, que fue de adecuación de las empresas a la normativa, diríamos que de implementación plena tiene alrededor de cuatro años, así que el impacto no se puede medir todavía en la disminución de las tasas de sobrepeso u obesidad infantil, pero sí podemos medirlo en cuanto a los hábitos de consumo”, explicó.
Forcato indicó que distintos estudios realizados como grupos focales revelaron modificaciones en la percepción de los consumidores respecto de determinados alimentos. “El 43% de la población disminuyó la percepción de saludable en algunos de los productos que tienen sellos, y esto se dio más que nada en yogures, cereales de desayuno y jugos”, detalló.
Además, mencionó datos del Ministerio de Salud correspondientes a 2023 que muestran una caída en la intención de compra de productos con octógonos negros. “Alrededor del 57 o 58% de la población disminuyó la intención de compra de productos con octógonos, principalmente en galletitas y bebidas”, afirmó.
En la misma línea, María Laura Fons, abogada del equipo de Salud de Fundeps, sostuvo que distintas investigaciones realizadas por UNICEF, FIC Argentina y el propio Ministerio de Salud evidencian un fuerte nivel de reconocimiento y utilización del etiquetado frontal por parte de la población. “El 90% de las personas reconoce los octógonos y el 55,9% los utiliza siempre o casi siempre como guía al momento de comprar”, señaló.
Según Fons, estudios recientes muestran que más de la mitad de la población modificó su intención de compra tras observar los octógonos de advertencia en bebidas, yogures y galletitas. Además, remarcó que antes de la implementación de la normativa solo el 13% de la población comprendía efectivamente la información nutricional tradicional ubicada en el dorso de los envases.
“La decisión de compra ocurre en pocos segundos y las personas necesitan herramientas claras y rápidas. El etiquetado frontal no reemplaza la tabla nutricional, sino que funciona como una guía sencilla y accesible para comparar productos”, sostuvo.
Sobre la posibilidad de derogar la ley, la titular del Colegio de Nutricionistas consideró que tendría consecuencias negativas para la salud pública y recordó: “Creemos que el impacto sería negativo porque esta ley se trató en un contexto de debate amplio, plural y democrático, y fue votada por amplia mayoría tanto en Diputados como en Senadores”.
En ese sentido, remarcó que la normativa no solo busca informar al consumidor de manera clara y sencilla, sino también generar efectos a largo plazo sobre enfermedades vinculadas a la mala alimentación. “Lo que busca es incidir en las tasas de sobrepeso y obesidad que se están dando cada vez en edades más tempranas. En la región somos el segundo país con la tasa de obesidad infantil más elevada”, alertó.
También destacó la utilidad del etiquetado frontal para pacientes con enfermedades crónicas: “Ha ayudado a que personas con diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares puedan acompañar sus tratamientos teniendo una referencia clara sobre grasas, sodio o azúcar”.
Fons coincidió en que una eventual derogación significaría “la eliminación de la principal política alimentaria y herramienta sanitaria que tiene hoy la población para decidir sus consumos”. Además, advirtió que también desaparecerían las restricciones a la publicidad de ultraprocesados dirigida a niños y niñas, así como las limitaciones a la venta y promoción de estos productos en entornos escolares. “Argentina ocupa el primer lugar en sobrepeso infantil en América Latina y el 41,1% de chicos y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. Dar marcha atrás con esta política implicaría perder herramientas fundamentales de prevención”, señaló.
La abogada también destacó que la ley generó incentivos para que las empresas reformulen productos y reduzcan nutrientes críticos como azúcares y sodio, algo que ya ocurrió en países como Chile tras implementar sistemas similares.
Finalmente, la referente del Colegio de Nutricionistas pidió a los legisladores nacionales sostener la normativa vigente: “Instamos a nuestros representantes en ambas cámaras a que puedan acompañar, como lo hicieron en 2021, esta ley que consideramos una política pública de gran impacto para la salud. Derogarla sería un retroceso, sería tapar lo que ahora estamos viendo y volver a la letra chica”.
Por su parte, Fons consideró que la ley representa además una garantía de derechos para los consumidores. “La información es lo que da autonomía y libertad para decidir. El etiquetado frontal disminuyó la desigualdad que existe entre las empresas y las personas consumidoras al brindar herramientas claras para elegir”, concluyó.
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