La Confederación General del Trabajo (CGT) de Córdoba manifestó hoy su «rechazo a los cobros extorsivos» que clínicas, sanatorios y hospitales privados aplican como abonos extra en la prestación de sus servicios, bajo la excusa de supuestas demoras en los pagos por parte de las obras sociales.
La CGT, mediante un comunicado, se manifestó en «defensa de las obras sociales sindicales» ante la actitud de profesionales de clínicas y sanatorios de «cargar sobre las y los trabajadores el costo de lo que denominan ‘crisis del sector´, sin atender razones más que las de sus propios intereses».
El máximo órgano sindical cordobés expresó su «rechazo a los cobros extorsivos de adicionales» y se pronunció en contra de que las obras sociales sean equiparadas con las empresas prepagas de salud.
Sobre este punto, el documento gremial recordó que «las obras sociales sindicales pertenecen al sistema solidario de la atención de salud y no son empresas que obtienen rentabilidad del servicio que brindan».
La CGT destacó además que las empresas de salud privada están «ignorando» que los recursos extras que exigen para las prestaciones «salen de los bolsillos de las y los trabajadores», quienes «también viven en la misma realidad y sociedad, donde tienen que sostenerse con único ingreso que es su salario y que también sufren los ajustes y la situación económica».
En agosto las clínicas y sanatorios se Córdoba habían comenzado a aplicar progresivamente coseguros extras que promediaban los $3.000, denominados «copagos».
A principios de setiembre la implementación de ese «bono» fue oficializada por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa), a los efectos de «compensar» la devaluación y lo que señalan como «demoras» en los pagos de las obras sociales.
A partir del primer día de octubre ese costo aumento a $6.000.
Como respuesta, la CGT calificó esa imposición como un «cobro compulsivo y arbitrario» y denunció que «en la gran mayoría de los casos los profesionales no emiten recibos ni facturas que respalde lo abonado, transformándose también en evasores».
En su comunicado, la filial Córdoba de esa central sindical exigió la «intervención del Estado, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Ministerio de Salud para poner un marco de razonabilidad a todo lo que está ocurriendo en la atención de la salud».
«Muchas obras sociales sindicales están abonando a 30/45 días las facturaciones y se hacen infundadas acusaciones de ser responsables de la crisis, demostrando una absoluta falta de responsabilidad social», concluye el documento gremial.
