El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, con el patrocinio de los abogados Miguel Julio Rodríguez Villafañe y Marcos Daher, presentó el lunes pasado en la Cámara Contencioso Administrativo de Córdoba una acción de amparo preventiva y medida cautelar de no innovar, a raíz de la pretensión del gobierno provincial de que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) funcione jurídicamente y comercialmente como sociedad anónima (SA).
Sobre el particular, el gremio no dudó en afirmar: «No es necesario, Epec tiene superávit y brinda un servicio eficiente». Y, a continuación, advirtió a través de un comunicado que lleva la firma de su secretario general, Jorge Molina, que «la sociedad anónima abre el juego a inversores privados con lo que históricamente eso representa: sólo ánimo de lucro, venta y división de Epec, pérdida de puestos de trabajo y del convenio colectivo de trabajo, desinversión, mala calidad del servicio y cortes prolongados y masivos, tarifas dolarizadas, tal como sucede con las empresas privatizadas en Buenos Aires».
En tanto, el sindicato recordó que tiene «varias luchas en su espalda y la experiencia de haber enfrentado nefastos intentos de privatización». «Por eso es que abrimos el frente judicial ante la amenaza de que extingan el carácter estatal e integrado de Epec, su sentido social y público que ha hecho posible llevar la energía a donde un privado no llega si no obtiene rentabilidad», explicó en el escrito.
Al mismo tiempo, rescató que «Epec está junto al pueblo de Córdoba y ante cualquier contingencia los trabajadores restablecemos el servicio en poco tiempo, sin importar las dificultades y las condiciones climáticas».
«Un recurso estratégico»
En otro tramo del documento difundido por el gremio se hizo hincapié en que conciben «a la energía eléctrica como un recurso esencial y estratégico, pero también como un derecho humano irrestricto, por eso debe ser administrado por el Estado ya que garantiza un servicio eficiente que goza del amparo de la Constitución y de tratados internacionales, que están siendo violentados por el DNU 70/2023 que lesiona el principio de progresividad».
Por ello, Luz y Fuerza de Córdoba solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 34 de la ley provincial 11.015 (modificaciones al Código Tributario, decreto promulgatorio 379/2024), como así también del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 sobre el que se fundan los artículos de la ley 11.015.
«Mientras la Justicia resuelve dicho planteo, se requirió también que la Epec no innove respecto a la conversión en sociedad anónima», especificó el sindicato.
También remarcó que «el DNU de Milei es nulo de nulidad absoluta e insanable, porque no ha sido aprobado por el Congreso de la Nación como lo requiere nuestra Constitución. Por un lado, ha sido invalidado por el Senado y lamentablemente hace un año no tiene tratamiento en la Cámara de Diputados. Es por eso que Epec como sociedad anónima carece de seguridad jurídica, no otorgando estabilidad para el sostenimiento del servicio».
«Los artículos provinciales mencionados, habilitan la posibilidad de transformar a las sociedades y/o empresas con participación del Estado provincial en los términos previstos en el artículo 48 del DNU 70/2023,sin norma de derecho público que la tutele, quedando sujetas a todos los efectos de la ley General de Sociedades 19.550 y sus modificatorias», finalizó el comunicado de Luz y Fuerza.
