“Cuando se avanza en Derechos Humanos, no hay vuelta atrás”

Mientras el calendario avanza sobre Semana Santa, la memoria política argentina vuelve, casi inevitablemente, hacia aquel abril del año 1987 en el que la democracia, todavía incipiente, se vio obligada a medirse frente a uno de sus primeros desafíos estructurales. El levantamiento encabezado por Ernesto Barreiro en Córdoba, y luego amplificado por Aldo Rico, no fue un hecho aislado ni una reacción espontánea, más bien fue la expresión explícita de una tensión que atravesaba al Estado en su intento por juzgar los crímenes cometidos durante la última dictadura.

El episodio, que tuvo como punto de partida la negativa de Barreiro a declarar por su rol en el ex centro clandestino La Perla, derivó en un proceso de insubordinación militar que puso en jaque al gobierno de Raúl Alfonsín. Aquella Semana Santa no solo marcó un punto de inflexión político, sino que evidenció los límites de institucionalidad que, a pocos años del fin del terrorismo de Estado, aún debía consolidarse frente a actores que conservaban capacidad de presión real. Esta tensión forzó una claudicación jurídica sin precedentes: el dictado de la Ley de Obediencia Debida, un ‘retroceso fenomenal’ que clausuró la posibilidad de justicia durante los siguientes años.

A casi cuatro décadas de ese momento, y en un presente donde las discusiones en torno a la memoria vuelven a ocupar un lugar central, el fiscal federal Carlos Gonella propone revisitar ese episodio como clave de lectura para comprender el proceso argentino de Derechos Humanos. Su análisis no se cercena en la reconstrucción histórica: incorpora la dimensión jurídica, política y también personal de un recorrido atravesado por avances, retrocesos y disputas que aún hoy siguen abiertas y se vuelven eje de debate.

“Un poco de la historia de Argentina en materia de Derechos Humanos explica por qué muchas cosas no se enseñaron durante años”, plantea Gonella, antes de situar el punto de partida en los primeros años de la recuperación democrática. Y lo hace desde una perspectiva que combina distancia analítica con experiencia directa en los que fueron los primeros juicios por delitos de lesa humanidad en Córdoba, particularmente en causas como Brandalisi (2008) y los procesos iniciales vinculados al circuito represivo de La Perla.

Ese aprendizaje, que en su caso no pasó por la escuela ni por la universidad sino por el ámbito familiar y comunitario, también le permitieron comprender con mayor complejidad uno de los momentos más discutidos del proceso democrático: los límites que enfrentó el gobierno de Raúl Alfonsín a la hora de avanzar con los juicios.

Lejos de una mirada superficial, el fiscal introduce un matiz que incomoda las lecturas retrospectivas y obliga a situarse en el contexto de época:

“Es fácil decir ahora que estaba débil -refiere al gobierno de Alfonsín-. Y es una cuestión política interesante para debatir… No estaban dadas las condiciones para seguir, entonces tuvo que dictar esas normas, se vio forzado. Uno puede decir: ‘Sí, soy el primer gobierno elegido por el pueblo, tenés todas las instituciones, llamá al pueblo, fortalecete y metelos a estos tipos, juzgalos’. Bueno, es fácil a la distancia decir eso, pero más allá de eso creo que a Alfonsín hay que destacarlo porque realmente —el impulsar el Juicio a las Juntas —fue un hito histórico para nuestro país y el mundo”.

Más allá de este acontecimiento ejemplar, la reflexión abre una comparación más amplia sobre los modelos de justicia implementados en distintos momentos históricos y agrega:

“La experiencia, si la comparás con tribunales de Nuremberg, Tokio, la justicia de los vencedores, o con las comisiones de la verdad en Brasil o Sudáfrica, donde no se juzgó, esto es único”.

Sin embargo, ese carácter extraordinario no logró sostenerse sin interrupciones. La década siguiente marcaría un giro profundo en la política de Derechos Humanos, con consecuencias que excedieron lo jurídico y se proyectaron sobre la construcción de memoria colectiva.

“Después vino Carlos Saúl Menem, cuya política o no política implicó indultar a los comandantes. También indultar al movimiento carapintada por lo que ocurrió en el año 89, en La Tablada. En los indultos del 89–90 se indultó a todos, no se juzgó a nadie y se dejó sin efecto la condena de los comandantes, eso es lo más importante. Bajo el argumento de la reconciliación nacional, con los jefes de las organizaciones guerrilleras y con los militares, se firmó ese cierre”.

Y agrega, en un tono que ya no es solo descriptivo sino abiertamente crítico:

“Eso fue para mí lo peor que le pudo ocurrir al país en materia de política de Derechos Humanos, porque básicamente acá no pasó nada: nos olvidamos, nos reconciliamos, miremos para adelante. Y eso implicó que en las escuelas no se debatiera el tema, que en la facultad no te enseñaran absolutamente nada. Cuando nosotros analizamos cuestiones técnicas como el principio de legalidad, la retroactividad —que justamente es lo que permite juzgar estos crímenes que son imprescriptibles—, todo eso quedaba completamente por fuera de la formación”.

El enfoque en Derechos Humanos no fue dado, sino que se fue construyendo de manera progresiva, en la persistencia de las organizaciones, en la lucha sostenida por memoria, verdad y justicia, y en la acumulación de pruebas que permitieron reconstruir lo ocurrido. En ese recorrido, los juicios funcionaron de manera fundamental, no solo por sus condenas, sino por las voces que comenzaron a ocupar un lugar central: sobrevivientes, familiares y testigos que, durante años, habían sido relegados al margen del relato oficial. Frente a esa irrupción, se vuelve evidente también un contraste: la ausencia —o el silencio— de los responsables del terrorismo de Estado, cuya palabra quedó mayormente inscripta en la negación o la evasión — o peor, en la justificación—.

«En mi historia el tema siempre estuvo»

Si en los tramos anteriores la reconstrucción histórica permitía entender las condiciones en las que se desarrolló —y también se interrumpió— el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, es en la experiencia donde ese recorrido adquiere densidad. En el caso de Gonella, esa dimensión se configura como un elemento constitutivo de su trayectoria, en tanto incide, atraviesa y otorga sentido a su posterior desempeño en el ámbito judicial.

“En mi caso. Mi padre fue militante durante la década del 70, era estudiante universitario de psicología. En el año 73 ya tenía una militancia activa y estaba en tercer año de la facultad cuando decide pasar a una militancia territorial, no armada. Mi papá tenía una visión distinta, entonces deja de estudiar y se va a militar en el 73–74. Empiezan los hechos del 75, ya a operar los comandos, compañeros de él desaparecidos, perseguidos, entonces él se corre y se vuelve a su pueblo”.

El relato se estructura a partir de una experiencia que comenzaba a hacerse visible en lo cotidiano, donde la violencia política y el temor se imbricaban con decisiones concretas que marcaron trayectorias individuales y colectivas —permanecer, replegarse, exiliarse, continuar—. En ese sentido, la visión integral que propone remite a un proceso que antecede al 24 de marzo de 1976, en el que ya se registraban prácticas de persecución, hostigamiento y accionar parapolicial, anticipando la sistematicidad que luego adquiriría el terrorismo de Estado.

Agrega que su padre: 

“Se vuelve a Oliva — donde nací en noviembre del 75 — se corre de la militancia, se concentra en el laburo. Lo allanaron, lo persiguieron, pero por suerte no pasó a mayores. Muchos amigos se tuvieron que exiliar, él no pudo porque no tenía plata. Y tomó la decisión de quedarse acá. Muchos desaparecieron”.

Ese anclaje familiar no se diluyó con el paso del tiempo, sino que se convirtió en una matriz de sentido desde la cual conoce parte de lo ocurrido.

“En mi historia el tema siempre estuvo. Siempre estuvo en las charlas. Mi viejo y mi vieja tuvieron militancia social en centros vecinales, en espacios comunitarios, en el arte, en la cultura. Y aún de manera más marginal, en esos ámbitos estos temas se hablaban siempre. Entonces yo crecí con eso”.

En ese contexto, el intercambio en la universidad no implicó una profundidad desde los programas, sino más bien la actuación fue mas autogestiva.

“Cuando empecé a estudiar, el tema ya me interesaba. Aunque no me lo enseñaron en la facultad, yo ya me estaba perfilando. Después hice carrera judicial, entré por concurso y me fui a Federales”.

Un recorrido que se cruza, de manera decisiva, con un momento histórico crucial: la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Allí, la biografía y la coyuntura se encuentran.

“Cuando la Corte Suprema declara nulas las leyes en 2005 y los juicios se reanudan, yo estaba en el juzgado federal como prosecretario para trabajar en esas causas. En ese momento, por la decisión política que tomó Néstor Kirchner en 2003–2004, cuando ordena descolgar los cuadros, y con lo que hace la Corte, esto toma impulso. Me proponen ir al Ministerio Público como secretario para empezar a preparar los primeros juicios orales”.

A partir de allí, el trabajo deja de ser una posibilidad para convertirse en una responsabilidad concreta, con nombre, fecha y expediente.

“El primer juicio fue Brandalisi en el año 2008. Después, en 2009, se genera una vacante en la fiscalía y quedo como interino. Ahí empiezo a tomar los primeros juicios como fiscal. Se suma Facundo (Trotta) después, pero en mi caso siempre fue un tema de charla, de debate, por esta situación familiar”.

Y enuncia: 

“Al tener esta pre preparación desde las charlas, desde participar críticamente, uno estaba más abierto. Porque si vos estás completamente en blanco te encontrás con algo muy complejo para investigar. Estamos hablando de hechos ocurridos hace décadas”.

Sin embargo, mas allá de las dificultades para reconstruir los hechos emergían otras complejidades: la dimensión emocional. 

“Uno no está preparado psicológicamente para escuchar esos testimonios y el nivel de crueldad, de todos los tipos de barbaridades que vos te podés imaginar que contaban las víctimas, muchas veces por primera vez frente a un tribunal”, afirma.

Esa falta de preparación no es un detalle menor, da cuenta de un sistema que tuvo que adaptarse sobre la marcha, que debió incorporar herramientas no previstas para poder sostener el proceso. 

“Uno no puede no verse atravesado por la emoción, pero tiene que estar firme porque uno está ahí como profesional”, agrega, describiendo con precisión esa tensión permanente entre el impacto subjetivo y la responsabilidad institucional. 

Con el tiempo, ese impacto no desaparece, pero si se transforma. “Uno se va fortaleciendo en eso y lo va sobrellevando”, dice, aunque esa fortaleza no implica insensibilidad, sino la construcción de una capacidad para seguir escuchando, para seguir sosteniendo esos relatos sin quebrarse. Así también, el proceso judicial tiene un carácter «bastante reparador» para quienes, durante décadas, estuvieron desesperanzados.

La prueba, la memoria

La complejidad a la que refiere Gonella se manifiesta en la materia misma de los juicios, en la forma en que se construye la prueba, en las víctimas que testimonian, en el pacto de silencio, en los archivos ocultos, en la omisión para judicializar. Investigar el terrorismo de Estado implica, necesariamente, trabajar con fragmentos, con huellas, con relatos atravesados por el tiempo y la violencia.

“Lo que tenés son testimonios de sobrevivientes, muy particulares. Mucha gente estuvo desaparecida mucho tiempo, muy torturada. A esas personas, bajo tortura, se les sacaron datos que permitieron seguir operando. Esa era la metodología. Los franceses en Argelia lo ensayaron y después se aplicó acá. Eso generó debates muy fuertes”.

A esa dimensión testimonial se suma, en el caso de Córdoba, un elemento singular que contribuyó de manera decisiva a la reconstrucción judicial, dado por la existencia de documentación que daba cuenta del funcionamiento del aparato represivo.

“Por suerte, en Córdoba, única provincia en el país, se secuestró documentación donde se registraban las decisiones de la comunidad de inteligencia, que reunía personal militar y policial. Ahí se tomaban decisiones, se daban órdenes, se identificaban blancos: ‘Vayan a buscar a este, a este otro’. Eso no está en ningún otro lugar del país”.

La combinación de testimonios y documentos permitió avanzar, pero no disipó la complejidad ni la carga del proceso: muchos casos no pudieron resolverse completamente, en gran medida porque los propios militares habían hecho lo posible por ocultar pruebas.

“La prueba era compleja. Uno empieza a mirar eso con profundidad, a comprender desde el punto de vista jurídico lo que era el terrorismo de Estado. Y cuando empezás a ver todo eso, te apasiona, pero también sentís una enorme responsabilidad”.

Hasta este punto, el relato ha pasado por distintos ejes. Entre ellos, el primer contacto con la materia en derechos humanos, la experiencia de los juicios y la documentación que permitieron reconstruir los hechos.  No obstante, en la conversación surgieron nuevos interrogantes, entre ellos uno que resultaba imprescindible plantear ante uno de sus protagonistaa—quien tuvo contacto directo con las declaraciones y actuó como testigo presencial de los hechos juzgados—: ¿recordás cuál de las declaraciones o narraciones te impactó más? En principio, en su respuesta aparecen numerosas vivencias que recuerda, dentro de lo que pudo compartir:

“Si tengo que contar una anécdota que me marcó, fue el testimonio de Morales, en un juicio del 2009. Era un militante peronista, albañil. Llegaba a su casa en bicicleta con sus herramientas y una patota lo agarró, lo golpeó brutalmente. Perdió un riñón, después falleció. Cuando lo contó, años después, se agachó, como si estuviera sintiendo ese dolor otra vez. Se bajó de la silla y se arrodilló. Fue impresionante. No me voy a olvidar nunca de ese gesto”.

La identificación personal no es ajena a la repercusión.

“Quizás porque mi viejo también era albañil, también venía en bicicleta con las herramientas, me tocó en lo personal. Es inevitable”.

Sin embargo, el recorrido no se detiene en el pasado. La lectura de Gonella incorpora también una mirada sobre el presente, sobre las disputas actuales en torno a la memoria y los intentos —explícitos o implícitos— de relativizar lo ocurrido. 

Desde su perspectiva, ¿considera que en la actualidad existe un aumento de negacionismo

Ante la pregunta, el fiscal evita brindar una respuesta lineal y construye una mirada más matizada, donde reconoce la presencia de estos discursos pero relativiza su alcance estructural. No niega el fenómeno, pero lo ubica en un plano donde la visibilidad no necesariamente implica crecimiento real en términos de consenso social.

“Hay expresiones negacionistas, obviamente. Del 2015 hasta ahora por las características de los gobiernos que hemos tenido, ha habido expresiones, sí, ahora quizás un poco más exaltadas”, afirma en un primer momento, marcando una continuidad histórica antes que una ruptura. La clave, en su lectura, no está tanto en la existencia de estas voces —que siempre estuvieron— sino en su intensidad y en las condiciones políticas que permiten que se expresen con mayor o menor volumen.

Sin embargo, rápidamente introduce un elemento que da un giro al análisis: el respaldo social a las políticas de memoria. “Si vos te ponés a ver las últimas encuestas sobre el tema, el 70% de los jóvenes —que hasta 25 o 30 años— está de acuerdo con la política de memoria de la justicia y con los juicios”. Este dato da cuenta de la consolidación de un consenso generacional, que desafía de manera directa los discursos negacionistas y refleja una transformación social más profunda.

A partir de ahí, el análisis se desplaza hacia una dimensión más estructural. “Eso me reconforta porque en realidad esto no es una cuestión política, tiene una dimensión política obviamente, pero en realidad no tiene que ver con la coyuntura política. Esto es un proceso y los Derechos Humanos tienen carácter progresivo. Cuando se avanza no hay vuelta atrás”. 

El argumento se refuerza con ejemplos recientes de la historia en donde la sociedad actuó frente a posibles retrocesos institucionales. “Esto lo dice el sistema interamericano, pero la sociedad lo ha entendido y por eso cuando se quiso aplicar el dos por uno a los genocidas por fallo de la corte, la gente salió masivamente”, recuerda.

En esa misma línea, interpreta las movilizaciones del 24 de marzo como una expresión concreta. “Y por eso es que el 24 de marzo fue masivo (…) eso te da la pauta de que la sociedad ya está madura en estos temas y no quiere, no va a tolerar esto”. La afirmación es contundente y más allá de la circulación de discursos negacionistas, existe un piso social que los limita.

De este modo, la respuesta inicial se complejiza. No se trata simplemente de medir si hay “más” o “menos” negacionismo, sino de entender cómo se inscribe en un escenario donde conviven tensiones pero también consensos más sólidos. Incluso va un paso más allá al señalar que quienes impulsan estos discursos conocen sus propios límites. En esa lectura, el negacionismo aparece más como una estrategia de disputa simbólica que como un proyecto con capacidad real de imponerse.

Los primeros juicios

El ingreso del fiscal a los juicios por delitos de lesa humanidad se inscribe -como mencionaba en un principio- en un momento histórico preciso: la reapertura de los procesos. Su llegada se da en ese punto de inflexión, cuando lo que hasta hacía pocos años parecía clausurado —por leyes, indultos y silencios institucionales— volvía a ponerse en movimiento. Pero entonces, ¿Por qué fue fundamental comprender el origen de los Derechos Humanos para juzgar delitos del pasado?

Como se viene observando a lo largo de la entrevista, entender cómo surgen los derechos humanos fue la base que permitió,  décadas después, continuar dictando sentencias. Carlos explica que estos principios nacieron tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados, a partir de la Carta de las Naciones Unidas, se comprometieron a perseguir crímenes contra la humanidad. Estos derechos se cristalizaron en tratados que, al ser ratificados por Argentina, se convirtieron en legislación propia y base legal para la persecución penal.

En palabras del fiscal, la clave técnica tuvo lugar durante la Convención de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de 1968. Aunque Argentina la ratificó formalmente en 1995, la Corte Suprema determinó en 2004 (fallo Arancibia Clavel) que estos principios ya eran válidos por «conciencia de los estados» y costumbre internacional al momento de los hechos.  Y agrega, que la imprescriptibilidad se fundamenta en que son delitos que ofenden la humanidad y, en Argentina, fueron cometidos desde el Estado con toda su fuerza institucional a disposición del poder de turno.

Entonces, en un contexto que demanda rigor conceptual, se pregunta ¿Qué implica un crimen de lesa humanidad? Para Carlos, la distinción radica en la estructura lógica del ataque. Un crimen de lesa humanidad requiere un plan sistemático y generalizado donde el Estado utiliza hospitales, justicia y fuerzas de seguridad para perseguir. Un concepto fundamental es la «desaparición forzada», definida como un «delito permanente». En palabras del fiscal: “Hasta que no aparezca el cuerpo, el delito se sigue cometiendo”, lo que elimina cualquier límite de tiempo para su juzgamiento.

Y como fue mencionado con anterioridad, volvemos a que en Córdoba, esta metodología tuvo una particularidad única: el secuestro de documentación de la comunidad de inteligencia. Esto permitió desarmar el «circuito institucional» de la represión, que incluía la D2, una dependencia policial que funcionaba como auxiliar de la justicia federal.

En gran parte, se vincula con la responsabilidad de las instituciones civiles. Y en su análisis Carlos expresa que la dictadura planificó «operaciones psicológicas» para obtener el acompañamiento social a través de los medios de comunicación, los cuales reproducían la información de manera acrítica. Sin embargo, pone el foco más severo en el comportamiento activo de instituciones como la justicia.

“Cuando hablo de dictadura cívico-militar no hablo de la sociedad como sujeto social, hablo de las instituciones: la justicia, la iglesia, los medios, algunas empresas”, afirma.

En ese marco, la omisión de ciertos jueces resulta central. “Las víctimas declaraban que las estaban torturando y los jueces no hacían nada, y después los mataban”, dice, en una frase que condensa la gravedad. Esa falta de acción era una forma de participación dentro del aparato represivo. Y por eso, años más tarde, también fue objeto de juzgamiento. “Se hizo el juicio de los magistrados en el año 2017, donde obtuvimos condenas contra ex jueces y fiscales”, recuerda.

Sin embargo, también reconoce que hubo excepciones. “Hubo jueces perseguidos, algunos renunciaron porque no querían formar parte de eso”, señala. Entonces, la justicia aparece como un espacio atravesado por tensiones profundas, donde convivieron la complicidad, el silencio y también gestos de resistencia. Y es justamente esa complejidad la que permite entender por qué, décadas después, los juicios no solo buscaban condenar responsables, sino también reconstruir el funcionamiento de todo un sistema.

La irrupción de la perspectiva de género

Con el avance de los juicios, también se amplió el marco interpretativo de los hechos. En ese proceso, la incorporación de la perspectiva de género se volvió cada vez más pertinente, impulsada tanto por los movimientos sociales que acompañaron estos procesos pero, en mayor medida, por los propios testimonios.

“A medida que empezaron a surgir de los juicios estos relatos de mujeres (…) se empieza a profundizar la mirada y explicarlo desde una perspectiva de género. El atentado contra la integridad sexual es un delito de género”, explica, señalando cómo la práctica judicial fue obligando a repensar categorías.

Durante años, esas violencias habían quedado en un segundo plano, subsumidas dentro de otros delitos o directamente invisibilizadas. “Más allá de que el debate de género no estaba en ese momento, fenomenológicamente el motivo era por ser mujer o para doblegar”, sostiene, mostrando cómo el análisis posterior permite resignificar esos hechos.

La violencia sexual aparece entonces no como un exceso, sino como parte de una lógica específica del terrorismo de Estado: disciplinar, humillar, quebrantar subjetividades. Y en ese marco, también se abren nuevas preguntas.

“Hubo personas trans, sobre todo mujeres trans, que fueron secuestradas y sometidas a violencia sexual aprovechando la impunidad (…) y es interesante analizar si eso puede ser considerado un delito de lesa humanidad”, plantea, ampliando el campo de análisis hacia identidades históricamente marginadas.

Lejos de clausurar el debate, el recorrido deja abiertas nuevas líneas de indagación. La ampliación de las categorías jurídicas, la incorporación de perspectivas como la de género y las discusiones en torno a sujetos históricamente invisibilizados —como las identidades trans— plantean desafíos que exceden lo ya juzgado. A lo largo del recorrido y en las entrevistas con los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta, se observa que, si bien muchas preguntas sobre los crímenes de la dictadura han encontrado respuesta a lo largo de los juicios, otras permanecen abiertas. Existen casos de personas desaparecidas en los que la justicia no ha podido avanzar por falta de pruebas.

Dos de los casos comentados en este contexto de conversaciones ilustran la complejidad y la seriedad de los juicios por delitos de lesa humanidad. Se tratan de hechos particularmente delicados que involucran a dos mujeres trans, cuya identificación y circunstancias han dificultado el avance del proceso judicial. Ambas historias no pudieron reconstruirse plenamente por distintos motivos. En el primer caso, si bien, a través de testimonios de sobrevivientes, se logró identificar el tiempo de los hechos, el lugar y al miembro de la fuerza responsable de cometer delitos contra su integridad sexual, no se pudo establecer la identidad de la víctima, hasta el día de hoy no se sabe quién es. En el segundo caso, aunque se logró identificar a la víctima porque uno de sus familiares ha realizado la denuncia y espera respuestas, los hechos no pudieron precisarse y no se identificó a responsables directos.

Estos casos permiten plantearnos preguntas fundamentales: ¿no merecemos, como sociedad argentina, conocer qué ocurrió con estas personas? ¿Quiénes fueron responsables? ¿Dónde están? 

“Escuchar el relato de esa víctima, nadie está preparado”, expresó el fiscal federal Facundo Trotta