Diversas voces de los ámbitos político, gremial y de los derechos humanos de Córdoba coincidieron ayer en levantar la voz en rechazo a la intención de la gestión nacional de Javier Milei de poner a la venta los terrenos de La Perla chica, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que operó durante la última dictadura cívico militar. Se trata del predio que aparece a la vera de la autopista Córdoba-Carlos Paz, en la zona de Malagueño. Desde noviembre del año pasado, La Perla chica está señalizada como sitio de memoria.
Fue una movida que se impulsó desde la Dirección de Sitios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, un área que actualmente está vacante. No es el único caso de sitios de memoria en la mira de la administración libertaria: el ex Regimiento de Infantería 9 (RI9) de Corrientes figura dentro de las futuras subastas en la web de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Sobre el particular, el legislador provincial por el socialismo, Matías Chamorro (bloque Hacemos Unidos por Córdoba), presentó un proyecto tendiente a repudiar en la Unicameral provincial la decisión presidencial de autorizar “la venta del sitio de memoria” La Perla chica. “Éste espacio es fruto de años de lucha por la conquista de Memoria, Verdad y Justicia, y fue recuperado para el ejercicio colectivo de las memorias”, recalcó el parlamentario. En tal sentido, Chamorro reafirmó el “compromiso inquebrantable con la defensa de los Derechos Humanos y con la consolidación de una sociedad justa y equitativa para todos los ciudadanos”.
“Trasciende su valor patrimonial”
Por su parte, la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba manifestó su “firme rechazo” a la venta del predio La Perla chica» por parte del gobierno nacional, por “tratarse de un espacio que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar en Argentina”. “La importancia de este lugar trasciende su valor patrimonial y cultural; es un sitio de memoria reconocido y señalizado, que es testimonio de las violaciones a los derechos humanos y de nuestra historia reciente”, argumentaron a través de un comunicado.
A continuación, la Mesa rememoró que “La Perla chica es además un sitio clave para distintas causas por delitos de lesa humanidad obrantes en la Justicia Federal, y debe preservarse para asegurar justicia y verdad para las víctimas del terrorismo estatal y sus familias”.
Por tales motivos, instó al gobierno nacional a “respetar el marco legal y a reconocer el rol fundamental del Estado en la preservación de la memoria histórica”. “La provincia de Córdoba, a través de la Ley de la Memoria, y el municipio de Malagueño, dentro de cuya jurisdicción se encuentra el predio, tienen la responsabilidad de velar por la protección de este espacio”, consideró la organización local de derechos humanos.
Al mismo tiempo, aportó que “La Perla chica posee una relevancia ambiental, en línea con el ordenamiento territorial, bajo la jurisdicción ambiental de la provincia de Córdoba, lo que refuerza su carácter de bien común y su valor integral”.
Finalmente, la CGT Córdoba expresó su rechazo a la venta del predio bajo el argumento de que “ningún sitio de la memoria puede ser utilizado como una inversión inmobiliaria. Allí, todavía, la Justicia tiene mucho trabajo por hacer”.
Desde la central obrera que preside el triunvirato integrado por Ilda Bustos, Federico Corteletti y Andrés Colazo exigieron que “se suspenda la puesta en venta de este sitio de la memoria y se preserven las pruebas que allí todavía sobreviven”. Pero también rechazaron el “desguace del patrimonio del Estado nacional que perjudica la garantía de derechos y desarma la estructura de su funcionamiento, dejando en la calle a miles de trabajadoras y trabajadores”.
Algunos antecedentes
Como se recordará, el 24 de octubre último, se publicó el decreto 950, firmado por el presidente Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través del cual se seleccionaron 309 terrenos a lo largo y ancho del país para ser enajenados. El argumento que dio a conocer el Poder Ejecutivo es que mantener tierras ociosas genera costos y gastos, un lujo imposible para “superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país”.
Dentro del listado incorporado en el anexo hubo una mención que llamó la atención de organismos de derechos humanos de Córdoba: los tres terrenos que aparecían a la vera de la autopista Carlos Paz-Córdoba en la zona de Malagueño. Allí estaba ubicada La Perla chica.
La Perla es el mayor campo de concentración del interior del país. Mientras estaba en pleno funcionamiento, los represores usaban una construcción más pequeña –ubicada en el mismo predio– que se conocía como La Perla chica o La Perla Vieja. También había quienes se referían a este lugar como Malagueño o La Escuelita.
La Perla chica era, en la práctica, un anexo de La Perla, donde había personas secuestradas. En 1976 y 1977, si alguien quería entrar a La Perla debía pasar antes por La Perla chica. Los dos espacios quedaron separados en 1978 con la construcción de la autopista. Para la época del Mundial’ 78, La Perla chica alojó secuestrados –o rehenes de la dictadura. También hubo detenidos para cuando visitó el país la Cruz Roja Internacional y en 1979 cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 1984, La Perla chica fue reconocida por sobrevivientes que volvieron a la zona con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Algunos de ellos relataron, por ejemplo, que recordaban los mugidos de las vacas –un sonido permanente dado que era una zona contigua a los campos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
