Ratifican la denuncia contra la empresa que rompió cañerías cloacales

El municipio había presentado la denuncia este martes de manera virtual. La causa ya tiene fiscal a cargo

Este miércoles la directora del Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPAA), Guadalupe Trillo, se presentó ante Tribunales II para ratificar la denuncia penal presentada este martes por el municipio contra la empresa que provocó la rotura de un caño cloacal en Villa Páez. También se reafirmó el pedido de investigación para la entidad.

Una intervención de terceros no declarada ante el Municipio y, consecuentemente, sin habilitación, derivó en la rotura de una cañería troncal de la red cloacal de 700 milímetros de diámetro en Arturo Orgaz, casi esquina Igualdad, y en ductos pertenecientes a la red de agua potable, de barrio Alberdi.

El desmoronamiento de las paredes internas de la obra privada generó obstrucciones aleatorias por la acumulación de sedimentos, las cuales, luego de numerosas acciones destinadas a su reparación desde el comienzo de las tareas el 27 de septiembre, no pudieron ser resueltas.

Trillo confirmó que la denuncia penal ya tiene fiscal: “El fiscal es el doctor Tomas Casas, la denuncia fue radicada durante la tarde de ayer y hoy nos estamos poniendo a disposición por expresas instrucciones del intendente Martín Llaryora y el secretarios de Gestión Ambiental ya que consideramos que estas maniobras ilegales sobre la infraestructura pública ponen en grave riesgo a la salud y al ambiente de la ciudadanía que habita en ese sector”.

Ver también: El municipio va a la Justicia por los desbordes cloacales

De acuerdo a lo expresado por Trillo el delito estaría configurado dentro de La ley de Residuos peligrosos que establece en su artículo 55 la remisión al artículo 200 del Código Penal, el cual establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas”.

La directora del IPAA aseguró que no había ningún tipo de autorización por parte de ningún área del municipio para efectuar maniobra sobre el sector donde trabajaba la empresa. Según confirmó Trillo, desde la fiscalía se está evaluando la posibilidad de presentarse como querellantes.

 

 
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