A tres años del femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada en la ciudad bonaerense de Rojas por su expareja, un policía de la provincia de Buenos Aires ya condenado a prisión perpetua, avanza el juicio político para destituir al juez que desestimó al menos 18 denuncias de la mujer contra su agresor, un proceso que fue catalogado por la madre de la víctima como «el último paso para hacer justicia».
Es que el juez de Paz Letrado de Rojas, Luciano Callegari, enfrenta una denuncia de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires por «negligencia, incumplimiento en los deberes de funcionario público y ausencia de perspectiva de género» por sus actuaciones ante los pedidos de ayuda de Úrsula a la Justicia, según consignaron fuentes judiciales a Télam.
Dicho proceso se encuentra a la espera de que la Procuración bonaerense, cuyo titular es Julio Marcelo Conte Grand, reúna una serie de pruebas para determinar si el ente público se presentará o no como parte acusadora.
«Los procesos de jury son largos, en el caso de Lucía Pérez se logró la suspensión de los jueces, pero pasaron casi cuatro años hasta que sucedió», explicó un vocero judicial a esta agencia, en referencia a la inhabilitación de los magistrados Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en noviembre de 2018 absolvieron a tres sospechosos por el femicidio de Lucía.
Por su parte, Patricia Nasutti, mamá de Úrsula mantiene la expectativa de que el juicio político contra Callegari se desarrolle en algún momento de 2024.
«Si es desplazado de su cargo sentiría que terminé con la justicia de Úrsula. Al menos en los papeles. Terminaría con lo que le prometí a Úrsula en su velorio. Significaría que no siga haciendo más daño a las chicas y las personas que siguen siendo violentadas. Lo quiero tener cara a cara y siento que voy a poder cerrar algo», expresó Patricia en diálogo con Télam.
El asesinato de Úrsula tuvo lugar el 8 de febrero de 2021, cuando fue apuñalada entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas.
El autor del crimen fue su pareja, Matías Ezequiel Martínez (25), quien se desempeñaba como policía bonaerense, y que, momentos posteriores al femicidio, le confesó lo que había hecho a su tío durante una llamada telefónica.
«Me mandé una cagada», le dijo Martínez, que, tras cortar el llamado, se clavó el arma homicida en su abdomen, aunque pudo recuperarse de sus heridas.
En diciembre de 2021, el expolicía fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Junín, conformado por los jueces Carina Piegari, Claudia Dana y Esteban Melilli, quienes lo encontraron culpable del «homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio» de Bahillo.
Según indicaron fuentes penitenciarias, Martínez actualmente se encuentra cumpliendo su condena en la Unidad 49 de la Alcaldía Penitenciaria de Junín.
En referencia a un nuevo aniversario de la muerte de su hija, Patricia señaló que «cada día que pasa es más duro» y contó que la recordó colgando unas banderas en el frente de su casa.
«Desde donde la pueda hacer visible, lo haré. Viajo a todos lados con una remera de Úrsula. Es una tragedia que no la podés superar. Cada día que pasa es aún más duro. La sigo esperando todas las noches para cenar», contó emocionada.
A continuación, la mujer recordó el último encuentro que tuvo con su hija: «La última vez que la vi le hice una bendición de la cruz, me dio un beso, me saludó con la mano izquierda y se fue. Me es muy crudo acordarme de todo esto».
Además, Patricia contó que continúa con custodia de la Policía Federal (PFA) «durante las 24 horas del día» y que adelgazó casi 50 kilos tras el asesinato de Úrsula.
«En Rojas no tenemos amparo por la violencia de género», opinó.
El femicidio de la joven de 18 años fue uno de los múltiples casos en los que la víctima ya había denunciado a su agresor previamente a su asesinato.
De hecho, según datos de La Casa del Encuentro, 67 de las 334 víctimas registradas en 2023 por crímenes motivados por el género habían denunciado al femicida previamente y 20 de ellos tenían dictada una medida cautelar de prevención en su contra.
Sobre este punto, Patricia Nasutti opinó: «Acá tienen que cambiar algunas leyes. No sirve la perimetral ni el antipánico. Los padres del dolor nunca somos escuchados. No puede ser la cantidad de femicidios que ya hubo durante el 2024».
Durante los primeros 40 días del año tuvieron lugar 31 femicidios en todo el país, de acuerdo a la información suministrada a Télam por fuentes judiciales y policiales que intervinieron en cada causa, lo que arroja un asesinato de estas características cada 30 horas.
