El fiscal federal Fernando Arrigo afirmó que existen más víctimas relacionadas con la secta rusa que operaba en Bariloche, acusada de explotación sexual y trata de personas. Según el fiscal, hay pruebas suficientes que respaldan esta hipótesis, aunque, hasta el momento, solo una joven de 22 años ha denunciado el caso públicamente. La joven dio a luz en el Hospital Zona de Bariloche, y su situación fue el punto de partida de la investigación.
Arrigo también indicó que aún hay personas vinculadas a la organización que no han sido localizadas. En cuanto a los avances de la investigación, el fiscal detalló que el inicio de la misma fue producto de una denuncia realizada por personal del hospital, quienes alertaron sobre el comportamiento sospechoso de dos mujeres que acompañaban a la joven embarazada. A partir de allí, se accedió a documentación y se identificó al líder de la secta, Konstantin Rudnev.
El fiscal también mencionó que se han imputado otras dos mujeres, quienes habían sido detenidas en Neuquén, en un hostal de la capital provincial. Estas mujeres, de nacionalidad rusa, levantaron nuevas sospechas sobre su vínculo con la organización liderada por Rudnev.
Desmantelan presunta red de trata de personas con 19 detenidos
A pesar de que la Justicia de Garantías liberó a los 20 sospechosos iniciales, la investigación continúa. El único detenido en el caso es Rudnev, quien permanece en el penal de máxima seguridad de Rawson. Además, los demás imputados deberán presentarse cada siete días en la comisaría más cercana a su domicilio y no podrán salir del país durante un año. También se les prohíbe acercarse a la mujer rusa que llegó al hospital embarazada.
El juez Gustavo Zapata imputó a Rudnev y a los otros involucrados por integrar una organización criminal dedicada a la trata sexual y la reducción a la servidumbre. Además, se les atribuye el delito de falsedad ideológica, ya que intentaron modificar los datos en la partida de nacimiento del hijo de la joven para obtener un DNI argentino.
Cabe destacar que Rudnev ya había sido condenado en Europa por abusos sexuales y desapariciones de personas en Montenegro, donde cumplió una sentencia de 11 años de prisión. La investigación sigue abierta, y los fiscales esperan nuevos avances conforme se obtengan más testimonios y pruebas.
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