Gendarmería Nacional realizó el miércoles 32 allanamientos en sedes de todo el país de la ONG Remar, dedicada a la recuperación de personas con problemas de consumo, y rescató a 403 presuntas víctimas de trata. La Justicia sospecha que la organización explotaba laboralmente a las personas que viven en sus distintas filiales y que utilizaba el dinero obtenido de la venta de productos y muebles fabricados por quienes viven en sus distintas filiales, en beneficio de algunos encargados de la ONG.
Tras los operativos, Gendarmería informó que rescató a 403 “presuntas víctimas de trata de personas, con fines de explotación laboral, siendo hombres y mujeres adultos, como así también menores de edad”. La fuerza nacional realizó los allanamientos en las filiales de Remar y en domicilios particulares de sus responsables.
Las sedes afectadas están ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y San Luis. En Córdoba, hubo allanamientos en Guiñazú, Río Ceballos, Salsipuedes, Río Cuarto y Las Higueras, entre otras localidades.
La causa se inició por una denuncia de una presunta víctima que trabajaba en la ONG en San Luis y quedó en manos del fiscal federal Cristian Rachid, bajo el control del juez Juan Esteban Maqueda. Hay al menos siete personas sospechadas, aunque no trascendió aún la calificación exacta de los delitos que se les imputan.
Fuentes con acceso a la causa señalaron a La Voz que la pesquisa se inició por una denuncia de una presunta víctima que trabajaba o se desempeñaba en esa ONG. Hay al menos siete personas bajo sospecha judicial que han quedado demoradas, según indicó el mismo medio.
Para los investigadores, la hipótesis principal es que varios responsables de Remar se habrían aprovechado del trabajo que realizan las personas con problemas de consumo, como parte de su tratamiento terapéutico para alejarse de las drogas. A la vez, se sospecha que el dinero obtenido por las ventas de los productos fabricados era utilizado en beneficio de algunos encargados de Remar, que se presenta como una organización “sin ánimo de lucro”, con personas dedicadas “íntegramente a la ayuda humanitaria”.
En los operativos llevados a cabo por Gendarmería, se secuestraron notebooks, computadoras, celulares, más de $ 1.900.000 y US$ 9.140. Asimismo, tras los allanamientos, el juez Maqueda dispuso la prohibición de salida del país para siete personas bajo sospecha y ordenó que no se acerquen a los lugares allanados ni tengan contacto con allegados a las víctimas. A la vez, dictaminó que las presuntas víctimas queden a cargo del programa de rescate y acompañamiento del ministerio de Justicia de la Nación.
