La Fiscalía de Instrucción de esta localidad dispuso la citación a juicio de José Jilfredo Guzmán, ex titular de la Cooperativa de Servicios Públicos y Asentamientos Chancaní Limitada, entidad encargada del suministro eléctrico para 86 usuarios en la zona. El dirigente enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en dos incendios culposos registrados en diciembre de 2022 y septiembre de 2024 en la región de Las Palmas, departamento Pocho, considerados entre los siniestros más severos ocurridos en esta área de la provincia.
Gravedad de los incendios
De acuerdo con lo publicado por el medio La Otra Mirada, los incendios consumieron extensas superficies de vegetación autóctona y campos productivos en un contexto climático crítico, caracterizado por sequía extrema y temperaturas cercanas a los 40 grados. El primer evento afectó aproximadamente cien metros cuadrados, mientras que el segundo, iniciado el 19 de septiembre de 2024, devastó 1.963 hectáreas que abarcaron sectores de los departamentos Pocho y Minas, además del Parque Nacional Traslasierra y la Reserva Provincial Chancaní.
El combate de las llamas requirió un operativo de magnitud que involucró a más de diez dotaciones de bomberos voluntarios de localidades aledañas y el apoyo aéreo de un avión hidrante. La gravedad del incidente llevó al Gobierno de Córdoba a declarar zona de desastre al departamento Pocho, evidenciando el severo impacto ambiental y productivo generado por el fuego.
Fundamentos de la acusación y daños ocasionados
La investigación fiscal, a cargo de la Dra. Analía Gallaratto, estableció que el origen de los incendios se habría producido por la caída de un conductor eléctrico en mal estado sobre vegetación seca. Según los informes técnicos, la falta de mantenimiento adecuado de la red por parte de la cooperativa habría sido un factor determinante en la generación de ambos siniestros.
Al exdirectivo se le imputa la omisión de las diligencias necesarias para mantener la infraestructura eléctrica en condiciones seguras, particularmente en un contexto de alto riesgo de incendios. Según confirmaron fuentes judiciales a La Otra Mirada, los testimonios de damnificados, efectivos policiales y los informes técnicos de la Dirección de Bomberos de la Provincia fueron determinantes para establecer la responsabilidad del expresidente de la cooperativa.
Los daños incluyeron la destrucción de flora y fauna autóctona, afectación de establecimientos rurales y perjuicios significativos a la producción agropecuaria local.
