La investigación federal sobre presuntos casos de trata de personas en el marco de gestación por sustitución en Córdoba avanzó con una resolución clave que vuelve a poner en debate los límites entre los acuerdos reproductivos y la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad.
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó al director de la clínica Fecundart, José Antonio Pérez Alzaa; a la intermediaria Paula Mariana Liendo; y al abogado Nicolás Gigena, al considerar que habrían integrado una estructura destinada a captar mujeres en situación de vulnerabilidad económica para embarazos a cambio de dinero.
Según el fallo, de más de 380 páginas, las gestantes eran en muchos casos madres solas o con serias dificultades económicas, que recibían sumas cercanas a los US$10.000 y eran contactadas incluso a partir de registros de donantes de óvulos.
La resolución describe además que, en algunos casos, se ocultaba ante la Justicia la situación real de las mujeres y se construían relatos ficticios para presentar los acuerdos como relaciones “altruistas”. En ese esquema, el juez también procesó al abogado Gigena por su presunta intervención en la organización de presentaciones judiciales y la elaboración de versiones que no reflejaban la realidad de los vínculos.
En paralelo, el magistrado sobreseyó al director de la clínica Nascentis, César Sánchez Sarmiento, y a otros profesionales, al entender que no se acreditó intención delictiva ni participación en maniobras irregulares. La diferencia central, según el fallo, es que esa institución exigía autorización judicial previa, lo que fue interpretado como un mecanismo de control.
El juez también aclaró que no todos los casos investigados constituyen trata de personas, ya que en algunos expedientes se consideró que las gestantes actuaron con autonomía y decisión voluntaria.
Mientras la causa avanza hacia un eventual juicio oral, se ordenaron embargos por más de $1.051 millones, y el fallo vuelve a exponer un punto central: la ausencia de regulación específica sobre la gestación por sustitución en Argentina, que deja estos acuerdos en un terreno legal todavía ambiguo.
