Comenzó este martes en la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba el juicio por el asesinato de Gabriela Pérez, la joven de 22 años que murió luego de recibir un disparo en el cuello durante un acto sindical realizado en septiembre de 2023. El debate se desarrolla con jurados populares y tiene como principal acusado a Gustavo Omar Herrera, medio hermano de la víctima, quien enfrenta cargos por homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y homicidio criminis causa, en grado de tentativa. En caso de ser declarado culpable por unanimidad, la única pena posible será la prisión perpetua.
El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2023, durante un almuerzo del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) en el Club Yapeyú. De acuerdo con la acusación, en medio de una disputa por las elecciones internas del gremio, un hombre con el rostro cubierto ingresó al galpón donde se desarrollaba el encuentro y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a Pérez, quien fue trasladada al hospital Córdoba y murió horas después.
Además de Herrera, está imputado Adrián “Petaca” Vallejos, señalado como partícipe necesario del homicidio calificado. En la causa también figura Luis Mendoza, quien permanece prófugo. El juicio, que se extenderá durante septiembre y octubre, busca determinar las responsabilidades por el ataque y establecer si existió una planificación vinculada con la disputa por el control del sindicato.
Fittipaldi fue el primer testigo
El primer testigo en declarar fue Sergio Fittipaldi, secretario general del Soelsac y querellante en la causa, quien durante varias horas reconstruyó el conflicto gremial que, según su relato, comenzó a fines de 2022 y se profundizó durante 2023, cuando apareció la lista opositora Más Soelsac.
Fittipaldi vinculó a ese sector con Franco Saillén, dirigente del Sindicato Único de Recolectores de Residuos, Barrido y Afines de Córdoba (Surrbac), y sostuvo que la oposición buscaba quedarse con la conducción del Soelsac, su obra social y la estructura territorial del gremio, que cuenta con unos 20.000 afiliados.
En su declaración, el dirigente realizó además graves acusaciones sobre una presunta intención de utilizar la estructura del sindicato para ampliar la distribución de drogas. “Querían multiplicar los puestos de distribución de drogas”, afirmó, aunque ante las preguntas de las defensas debió precisar que parte de esa información provenía de comentarios que había recibido y no de conocimiento directo.
Fittipaldi también aseguró que el objetivo atribuido a ese sector incluía el control de las barras de Talleres y Belgrano, supuestamente para extender ese esquema de distribución de estupefacientes a distintos puntos de Córdoba. Se trata de afirmaciones realizadas por el dirigente durante su testimonio y que deberán ser valoradas dentro del proceso judicial.
Amenazas y violencia durante la interna
Según el relato de Fittipaldi, a medida que se acercaban las elecciones internas comenzaron a registrarse amenazas y episodios de hostigamiento contra trabajadores y dirigentes vinculados con el Soelsac.
El dirigente mencionó mensajes con amenazas de muerte y otros episodios intimidatorios. Entre ellos, relató que a la hija de un trabajador le habían introducido un papel en la boca. Para Fittipaldi, estas acciones tenían como objetivo generar temor entre los afiliados y conseguir que dejaran de respaldar a su conducción.
Uno de los episodios que ubicó como antecedente inmediato del crimen ocurrió el 8 de septiembre de 2023, un día antes del ataque en el Club Yapeyú. Según su declaración, tres vehículos llegaron hasta las inmediaciones de la sede del Soelsac, en el centro de Córdoba. El dirigente afirmó que hubo amenazas y pedradas y que finalmente intervino la Policía.
Durante su testimonio mencionó a distintas personas a las que vinculó con sectores de las hinchadas de Talleres y Belgrano. Entre ellas nombró a Hugo “Ciego” Cardozo, a quien identificó como segundo de La Fiel, la barra de Talleres, y a Cristian “Coco” Forte. También mencionó a “Loro” Sosa, a quien relacionó con Saillén y la hinchada de Belgrano, además de otras personas que, según dijo, tenían vínculos con las barras.
Las acusaciones sobre las barras y el narcotráfico
Uno de los puntos más fuertes de la declaración de Fittipaldi fue su descripción de un supuesto entramado que, según sostuvo, buscaba combinar poder sindical, territorial y barrabrava.
El titular del Soelsac afirmó que sectores vinculados con el Surrbac pretendían aprovechar la presencia territorial de los trabajadores de limpieza para ampliar actividades relacionadas con la venta de drogas. También sostuvo que existía un interés por avanzar sobre las estructuras de las hinchadas de los dos principales clubes de Córdoba.
Fittipaldi mencionó además a Darío Cáceres, a quien identificó como una persona vinculada con Saillén y que en ese momento se encontraba detenido por una causa de narcotráfico. Según relató, Cáceres lo había contactado para pedirle que apartara a Cardozo de su entorno.
Estas acusaciones forman parte del testimonio brindado por Fittipaldi ante el tribunal y no implican por sí mismas que los hechos denunciados hayan sido acreditados judicialmente.
Las referencias a la política
Durante su declaración, Fittipaldi también hizo referencia a sus vínculos con la política provincial y nacional. Señaló que formó parte del Partido Justicialista de Córdoba y mencionó su relación con los gobiernos de José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y Martín Llaryora.
También sostuvo que durante 2023 tuvo que viajar a Buenos Aires por una disputa legal relacionada con las elecciones del Soelsac y afirmó que desde el entonces Ministerio de Trabajo le transmitieron que existía una “bajada de línea” del gobierno de Sergio Massa para rechazar las presentaciones realizadas por su sector.
“Me dijeron en el Ministerio de Trabajo que había una bajada de línea de Massa y que todo lo que presentara se iba a caer”, declaró. Y agregó que el cambio de gobierno, luego del triunfo de Javier Milei, permitió que el proceso electoral del sindicato continuara.
El juicio continuará durante las próximas semanas con la declaración de nuevos testigos. El tribunal deberá determinar qué responsabilidad tuvieron Herrera y Vallejos en el crimen de Gabriela Pérez y si las acusaciones sobre la disputa gremial permiten reconstruir el móvil y la planificación del ataque ocurrido hace casi tres años en el Club Yapeyú.
