La compleja situación procesal de Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo sindicado como autor de una masacre, sumó este miércoles otro capítulo sombrío. Mientras espera el juicio por los crímenes de su ex pareja Luna Giardina, su ex suegra Mariel Zamudio y el remisero Martín Palacio, la Justicia de Córdoba dictó una nueva imputación en su contra por la tenencia de material de abuso sexual infantil.
El hallazgo se produjo tras un peritaje al teléfono celular secuestrado durante su captura en Gualeguaychú, Entre Ríos. Laurta fue localizado en un hotel de dicha localidad tras haber escapado con su hijo de cinco años, a quien mantuvo cautivo luego de los ataques fatales en suelo cordobés. La investigación, originalmente enfocada en recolectar pruebas sobre el doble femicidio, dio un vuelco cuando los peritos de Policía Científica detectaron archivos ajenos a la causa principal.
Según confirmaron fuentes judiciales, el dispositivo almacenaba imágenes y videos que muestran actividades sexuales explícitas de menores de 18 años, además de representaciones genitales con fines predominantemente sexuales.
Ante la contundencia de la evidencia digital, el fiscal Juan Ávila Echenique, titular del área de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno, formalizó la acusación por tenencia de representaciones de menores. Esta causa corre ahora por un carril paralelo a la investigación de los homicidios, agravando el horizonte penal del detenido.
El imputado enfrenta en Córdoba cargos por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, expediente que ya tiene luz verde para el juicio oral. En tanto, en Entre Ríos, se le atribuye el asesinato del chofer Palacio, ocurrido durante su huida.
La semana pasada, Laurta rompió el silencio en una audiencia en Concordia. En un breve intercambio con los medios, lanzó un grito desesperado: “No investigaron los abusos que sufrió mi hijo. Quiero que se sepa la verdad”. Paradójicamente, tras este reclamo público se conoció la imputación que lo señala, precisamente, por poseer material que evidencia el tráfico y consumo de abusos contra la integridad de menores.
