La denunciante, identificada con el seudónimo de Rocío para preservar su identidad, sostuvo que los episodios habrían ocurrido en el hogar de una familia que tenía su guarda junto con la de su hermano biológico. Ludueña era hijo de esa familia y, según la presentación, su hermano adoptivo.
Ludueña ingresó a la Unicameral en 2011 como asesor del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y en 2015 pasó a la planta permanente luego de rendir un concurso. Hasta que el caso tomó estado público, se desempeñaba en el equipo de la legisladora Alejandra Ferrero, titular del interbloque de Juntos por el Cambio.
El relato de la denunciante
La mujer contó públicamente su caso luego de confirmar que el acusado trabajaba en la Legislatura. Antes de presentar la denuncia por abuso sexual, aseguró que había intentado comunicar lo ocurrido a distintos referentes políticos locales.
Según relató, cuando tenía 6 años intentó advertir a una vecina sobre la situación. Esto derivó en una intervención judicial, aunque afirmó que no se aplicaron herramientas de protección como la Cámara Gesell.
La denunciante sostuvo que, durante aquella intervención, fue interrogada en presencia de la persona a la que señalaba y que, por temor, negó los hechos. De acuerdo con su testimonio, posteriormente regresó al mismo hogar y los abusos habrían continuado hasta los 14 años.
También señaló que otras dos hermanas biológicas ingresaron posteriormente a la misma familia y que, según su testimonio, ambas habrían sufrido agresiones similares. Una de ellas habría presentado una denuncia ante la Justicia.
Presentaciones y medidas de protección
Tras conocer que Ludueña trabajaba en la Legislatura, la mujer se comunicó con referentes parlamentarios. Entre ellos estuvo la legisladora Elisa Cafaratti, quien le indicó que analizaría la situación.
Por otra parte, desde el equipo del diputado Rodrigo de Loredo le comunicaron que habían acudido a la Justicia para realizar una presentación vinculada con el caso.
En el marco de la investigación, la mujer solicitó un botón antipánico y una restricción de acercamiento. Las notificaciones correspondientes a estas medidas fueron emitidas a mediados de agosto.
El acusado, por medio de un abogado, realizó una presentación ante la Justicia en la que manifestó estar a disposición de las autoridades. Su defensa sostuvo que cuenta con elementos probatorios para acreditar su inocencia.
La denuncia por abuso sexual continúa bajo investigación en los tribunales cordobeses. La causa deberá avanzar con las medidas probatorias y con la búsqueda de antecedentes documentales vinculados con la guarda tutelar de la denunciante.
El contenido corresponde a una denuncia en trámite y los hechos atribuidos al acusado no cuentan con una resolución judicial que determine su responsabilidad.
Reclamos políticos y cuestionamientos a la UCR
El legislador Leonardo Limia se refirió este viernes al caso a través de sus redes sociales y cuestionó el criterio adoptado por la UCR y por De Loredo frente a situaciones similares.
“Sería importante que la Unión Cívica Radical y Rodrigo de Loredo apliquen la misma vara que utilizó en su momento frente al caso Villareal”, expresó Limia.
En ese sentido, sostuvo que si anteriormente se había considerado que existía una responsabilidad moral de un legislador, el mismo criterio debería aplicarse ahora para analizar la eventual responsabilidad moral de la legisladora Alejandra Ferrero.
“La coherencia también se demuestra cuando las circunstancias cambian, pero los principios se mantienen”, agregó el dirigente.
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