La muerte de Tomás Orihuela, un joven de 19 años oriundo de barrio Bajo Pueyrredón, abrió una investigación judicial sobre el accionar policial en Córdoba tras haber permanecido detenido en la Comisaría Sexta de barrio General Paz. El caso presenta versiones contrapuestas entre la institución y la familia.
Según informó la Policía, el joven habría intentado quitarse la vida dentro de la celda mediante ahorcamiento con un buzo. En esa línea, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, descartó otras hipótesis y remarcó que se aportaron pruebas a la causa. También indicó que las celdas no cuentan con cámaras de seguridad.
Por otra parte, la familia de Orihuela rechaza la versión oficial y denuncia violencia institucional. De acuerdo a su relato, el joven había recuperado la libertad días antes tras cumplir una condena y fue detenido en dos oportunidades en un lapso de 48 horas por causas que la familia afirma estaban ya resueltas.
Investigan cómo un joven terminó en coma tras ser detenido en una comisaría
En paralelo, vecinos de barrio Bajo Pueyrredón realizaron el domingo un corte en la ruta 19 para exigir el esclarecimiento del caso. Durante la protesta, se registraron incidentes entre manifestantes y efectivos policiales, que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales y por periodistas presentes en el lugar.
En la última detención, en la comisaría de barrio General Paz, el joven fue trasladado al Hospital Córdoba el sábado alrededor de las 23 en un móvil policial. Posteriormente, fue derivado al Hospital Eva Perón, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta que se confirmó su fallecimiento el lunes por la tarde.
La voz de la familia
En declaraciones al programa Otra Vuelta de Tuerca de SRT Media, Mariana Orihuela, hermana del joven, aportó detalles sobre las detenciones previas y cuestionó el procedimiento policial.
“Mi hermano recuperó la libertad el jueves, después de estar cuatro meses detenido en Bouwer. Volvió a su casa y lo detuvieron otra vez por un pedido que ya estaba resuelto”, señaló.
Según su relato, el joven fue liberado en la madrugada del viernes, pero volvió a ser detenido el sábado en inmediaciones de su domicilio. “Lo vuelven a parar y se lo llevan otra vez a la comisaría”, indicó.
También se refirió a lo ocurrido durante la noche de la detención. “Mi mamá fue a llevarle un abrigo y le dijeron que no lo iba a poder ver porque estaba durmiendo. Eso le pareció raro”, afirmó.
En relación al estado de salud, sostuvo que el joven presentaba edema cerebral, complicaciones respiratorias y compromiso renal, aunque —según indicó— no recibieron explicaciones detalladas sobre el origen de esas lesiones.
Además, mencionó la existencia de un audio atribuido a una agente policial, actualmente bajo análisis, que fue incorporado a la denuncia pública.
Finalmente, cuestionó la hipótesis oficial: “Mi hermano no se quiso quitar la vida. Para mí, él insistió para que lo liberaran y la policía se excedió”, expresó.
Quién era Tomás
Más allá del avance de la causa, la familia describió a Tomás Orihuela como el menor de nueve hermanos, recientemente liberado tras cumplir una condena y en proceso de retomar su vida cotidiana.
“Él es el más chico de todos”, señaló su hermana durante la entrevista en OVDT.
Organizaciones advierten sobre patrones en detenciones
En diálogo con Hoy Día Córdoba, Sergio Díaz, miembro del Frente Antirrepresivo en Lucha (F.A.L.), planteó que este tipo de hechos no deben analizarse de manera aislada, sino como parte de dinámicas que se repiten en intervenciones policiales. En ese sentido, señaló que existe una tendencia a poner el foco en los antecedentes de las personas detenidas, mientras —según indicó— no se examinan con la misma profundidad los antecedentes del accionar de las fuerzas de seguridad.
Además, sostuvo que estas situaciones se sostienen por “cadenas de encubrimiento”, que —según afirmó— contribuyen a la reiteración de este tipo de episodios.
Díaz también advirtió que este tipo de prácticas impacta especialmente en jóvenes de sectores populares, quienes —aun después de cumplir condenas— continúan expuestos a controles y detenciones reiteradas. “Esos chicos van a estar detenidos toda la vida”, expresó.
Un escenario bajo observación internacional
El caso se inscribe en un contexto que ya había sido advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una audiencia realizada en julio de 2025, el organismo señaló el uso abusivo de la prisión preventiva y las condiciones de hacinamiento en los centros de detención de Córdoba.
Organizaciones de derechos humanos también han señalado antecedentes en la Comisaría Sexta, donde estuvo detenido Orihuela, en relación a procedimientos cuestionados. Entre los casos mencionados se encuentra el de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en 2012 tras reiteradas detenciones en esa dependencia.
En este marco, los distintos actores coinciden en un único punto: la necesidad de esclarecer lo ocurrido. Las posiciones sobre las responsabilidades, las condiciones de detención y el rol del Estado ante personas bajo custodia permanecen, por ahora, enfrentadas.
La investigación está a cargo de la fiscal Silvana Fernández, quien analiza las pruebas reunidas para determinar lo ocurrido durante la detención.
