La flamante presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó ayer el adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026, reclamado por algunos sectores ante la crisis institucional del país, mientras la Justicia impuso siete días de “detención preliminar” al mandatario destituido ayer, Pedro Castillo, y confirmó que lo investiga por rebelión y conspiración.
“La Constitución es la carta magna que debemos obedecer todos los peruanos y la elección ha sido hasta el 28 de julio de 2026”, respondió Boluarte a una consulta sobre el eventual anticipo de los comicios, en una breve conferencia de prensa a las puertas del Palacio de Gobierno.
“Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso, democráticamente, es respetable”, admitió la mandataria, según la agencia de noticias Andina, el diario La República y la radio RPP.
Precisó que su misión inmediata es “un poco reorientar lo que hay que hacer con el país” y agregó que “más adelante, en coordinación con todas las organizaciones”, adoptará las mejores “alternativas”.
“Así como ayer, en el Congreso, pedí una tregua para poder ordenarnos todos, voy a agradecer a la prensa darme una tregua para poder ordenar y darles noticias”, dijo, y remarcó que “las circunstancias en las que se ha asumido esta alta responsabilidad no han sido las óptimas”.
Boluarte juró ayer como jefa del Estado, al cabo de una jornada imprevista en la que el Congreso destituyó a Castillo poco después de que este anunciara la disolución del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional que incluía la suspensión de garantías constitucionales y un toque de queda.
La nueva mandataria, que el miércoles mismo, apenas asumió, inició una nutrida agenda de reuniones con representantes de diversos sectores de la sociedad, avanzaba esta tarde en el diseño de su gabinete, que, por requisito constitucional, precisará el voto de confianza del Congreso.
Por otra parte, el magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso “siete días de detención preliminar” para Castillo, “investigado por el delito de rebelión y alternativamente conspiración”, informó esta tarde el Poder Judicial.
Checkley adoptó esa medida al cabo de una audiencia en la que escuchó al fiscal adjunto supremo Marco Huaman y al exministro Aníbal Torres, defensor de Castillo, y la resolución especifica que el plazo de detención judicial rige desde ayer, cuando el exmandatario fue arrestado, y hasta el martes próximo.
Mientras tanto, el exmandatario permanece desde el miércoles en la cárcel especial que funciona en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, en Lima, donde cumple su condena el expresidente Alberto Fujimori.
Fue alojado en la misma celda que ocupó el expresidente Ollanta Humala en 2017, cuando cumplió prisión preventiva mientras se investigaba si había recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y financiamiento no declarado del gobierno de Venezuela para una campaña electoral, según el semanario Caretas.
En ese lugar le tomó declaración este mediodía la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien acudió acompañada por Huamán y por la fiscal superior Karina Quineche.
También allí recibió la visita del embajador de México, Pablo Monroy, en medio de versiones contradictorias sobre la supuesta posibilidad de que Castillo pida asilo político a ese país.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó el miércoles por la noche que su país estaba dispuesto a dar asilo a Castillo pero aclaró que este no lo había solicitado, después de que la prensa peruana dijera que el exmandatario fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México con la intención de pedir asilo.
En cambio, el presidente de México, Andrés López Obrador, aseguró ayer que Castillo sí había requerido el asilo antes de ser arrestado.
“Habló aquí, a la oficina, para que me avisaran que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono”, y dijo “que iba a solicitar el asilo, que si le abrían la puerta de la embajada”, detalló López Obrador, según la agencia AFP.
Más temprano, la Fiscalía informó que recabó imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno en busca de pruebas contra Castillo.
El trámite fue parte de procedimientos que incluyeron desde anoche operativos simultáneos en el Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios.
La investigación se basa en la sospecha de que el expresidente actuó contra los poderes del Estado y el orden constitucional con su anuncio del miércoles.
La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo dijeron que la decisión equivalía a un «golpe de estado» de Castillo.
Boluarte se convirtió en la sexta presidente de Perú en lo que va de los dos últimos períodos de gobierno, caracterizados por un conflicto creciente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Precisamente, el parlamento se aprestaba a debatir y votar el miércoles por la tarde una moción para destituir a Castillo, pero todo indicaba que sería imposible reunir los al menos 87 votos necesarios para sacarlo del gobierno.
De hecho, si bien terminó desplazado por una holgada mayoría de 102 votos, fue preciso que legisladores oficialistas -16 en total- se pronunciaran a favor de la remoción, porque la oposición solo juntó 86 votos.
