El Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, anunció un nuevo esquema para la entrega directa de pañales a jubilados a través de PAMI, con el objetivo de poner fin a presuntas prácticas corruptas. Manuel Adorni, vocero presidencial, denunció el robo de pañales para ser revendidos durante la gestión anterior, y confirmó que se ahorrarán $5.000 millones anuales con la implementación de la nueva licitación pública. Se eliminará la intermediación para evitar posibles actos de corrupción, y se brindarán productos de mayor calidad y a precios más accesibles directamente a los beneficiarios.
El PAMI inició una revisión interna para erradicar prácticas abusivas detectadas en gestiones previas, como el uso indebido de las «vías de excepción» para evadir licitaciones y posibles desviaciones de fondos públicos.
Pami: denuncian una licitación “a medida” y con sobreprecios
En un comunicado, donde la agencia calificó la situación como un «negocio vergonzoso», informaron: «A partir del 1° de junio se pone fin a este abuso al implementar un nuevo sistema que corta de raíz también a los intermediarios y pone en el centro al afiliado. Ahora los pañales se comprarán mediante licitación pública«.
«Asimismo, los jubilados ya no tendrán que hacer más filas interminables ni cargar con paquetes incómodos hasta sus domicilios, un reclamo que llevaba años. Los pañales les llegarán directamente a su lugar de residencia, como corresponde en un sistema moderno y digno. Además, es la primera vez en 10 años que se revisa el producto que se ofrece y que se realizan pruebas de calidad de los pañales que se licitan por parte de profesionales médicos y farmacéuticos para adecuarlos a los parámetros de calidad establecidos por la ANMAT. De esta manera, se logró dar un salto de calidad del producto ya que antes los afiliados tenían a disposición pañales rectos y ahora se entregarán pañales elastizados y anatómicos con mejor absorción y confort», agregaron.
El comunicado continúa apuntando a erradicar prácticas fraudulentas, como la reventa en redes sociales, y representa, según el Gobierno, un paso más en su cruzada contra los “kioscos” y la corrupción en el manejo de fondos públicos.
